Metas del Milenio y Crisis Global

Por José Graziano da Silva*

SANTIAGO, 28 dic (Tierramérica).- Cuando se coloca a un niño desnutrido en una balanza, lo que se está midiendo no es sólo un organismo enflaquecido, sino la síntesis de una lógica tan nefasta como la que derrumba bosques, sopla destrucción y excluye a mil millones de personas de la posibilidad de una vida digna.

La conciencia del siglo XXI no puede seguir ignorando que, mientras haya hambre, no habrá un futuro sustentable.

Las respuestas a los desafíos que amenazan a la humanidad no pueden seguir repitiendo el enfoque segmentado predominante en el patrón de desarrollo del siglo XX, que nos dejó tantos problemas sociales y ambientales. Ellas dependen, necesariamente, del diálogo entre las demandas sociales, económicas y ambientales.

El cambio climático afecta, sobre todo, a las poblaciones pobres, institucionalmente desamparadas y con menor capacidad de reaccionar con velocidad a eventos desestabilizadores. Por ejemplo, el contingente de quienes están excluidos del mercado y los pequeños productores rurales.

En casi todas las regiones del mundo, las poblaciones acorraladas por el hambre y la pobreza habitan áreas de riesgo natural. Son ellas quienes figuran entre las principales víctimas de los desastres ambientales acentuados por fenómenos cíclicos como El Niño y La Niña.

El cambio climático también aumenta la intensidad de los eventos extremos y los vuelve más impredecibles. Las consecuencias ya son visibles hoy en el aumento del costo de los seguros agrícolas y en la escasez de agua que afecta a algunas regiones del mundo, y se convierte en principal limitante para la expansión agrícola.

Además, la inseguridad relacionada al clima contribuye a la volatilidad de los precios de los alimentos, que una vez más presentan una trayectoria ascendente.

Para 2050, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) prevé que la producción agrícola en los países en desarrollo caerá entre nueve y 21 por ciento debido al calentamiento global.

Asimismo, un aumento relativamente pequeño de la temperatura media global, de entre uno y dos grados, puede tener impactos significativos en la seguridad alimentaria mundial, porque causaría una caída en la productividad e inutilizaría 110 millones de hectáreas de tierra en las zonas más próximas a la línea del Ecuador, donde están la mayoría de los países en desarrollo.

Por otro lado, la población mundial crece por año en una cantidad equivalente a los habitantes de Etiopía (80 millones de personas). En 2050, la humanidad tendrá 9.000 millones de bocas. La FAO cree que se necesita agregar anualmente una Australia agrícola a la oferta mundial de alimentos.

Así, no resulta malthusiano reconocer que el cambio climático puede amenazar la seguridad alimentaria.

Por ahora hay tierra suficiente, además de tecnología y conocimiento para elevar la producción. Eso haría posible satisfacer la demanda de alimentos de la población mundial en 2050 casi sin expandir la frontera agrícola: la FAO estima que 90 por ciento del aumento de la producción de alimentos necesaria para alimentar al mundo de entonces provendrá de incrementos en la productividad, y sólo 10 por ciento de una expansión del área plantada.

Lo que falta son recursos y decisión política para aprovechar el potencial disponible. Eso reafirma la urgencia de una acción articulada para vencer el hambre y el desequilibrio ambiental de manera conjunta.

Así como la cumbre de cambio climático de Copenhague, celebrada entre el 7 y el 19 de este mes, podría haber inaugurado un nuevo ciclo en relación a los objetivos aún no alcanzados de mitigación del fenómeno, la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, celebrada por la FAO en noviembre en su sede de Roma, sugiere un punto de inflexión en el caso de la lucha contra el hambre.

Desde los años 80, los gobiernos, sobre todo los de los países en desarrollo, fueron instados por la agenda del Estado mínimo a transferir las responsabilidades del abastecimiento doméstico de alimentos a los intercambios internacionales, que proveerían la oferta justo a tiempo, a un costo inferior al cargamento de reservas y al fomento local.

Las políticas de desarrollo rural fueron desmontadas. Las reservas de alimentos de emergencia se agotaron. El tamaño de la ayuda internacional al desarrollo agrícola pasó de 17 por ciento en los años 80 a menos del cinco por ciento actual. En un mundo de oferta abundante y mercados obsequiosos, ¿qué sentido tenía destinar recursos fiscales escasos a los agricultores pobres?

La respuesta vino en forma de desastre. La explosión de los precios de los alimentos en 2008 provocó que la cuenta de hambrientos alcanzara un récord sombrío, saltando de 873 millones personas a más de mil millones en dos años.

Frente a la emergencia, la respuesta de la reunión de Roma fue clara.

La responsabilidad decisiva por la seguridad alimentaria debe ser reasumida integralmente por los gobiernos de los países en desarrollo. Las estrategias de combate al hambre y a la pobreza no pueden ser impuestas desde afuera.

Las naciones ricas seguirán siendo presionadas para que destinen el 0,7 por ciento de su producto interno bruto a la ayuda internacional, garantizando el fomento agrícola por lo menos de una manera equivalente a la de los años 80.

Sin embargo, ningún otro protagonista que no sean los propios gobiernos puede llenar el doble vacío que ha generado la crisis mundial: el que dejó el mito de la auto-regulación de los mercados y el abierto por las defraudadas expectativas de solidaridad internacional, como un bote salvavidas para mil millones de hambrientos.

El último día de este año, 28 por ciento de los niños de los países pobres dormirán de la misma forma en que se despertaron el primer día de 2009: enredados en la tela asfixiante de un mal que no tiene cura.

El roce entre lo posible y lo imposible, en el caso del hambre y el ambiente, cuestiona la inercia de la política y convoca la energía transformadora de la sociedad para coordinar respuestas que Copenhague y Roma han demostrado que deben ser parte de una agenda indivisible: la civilización sustentable.

* José Graziano da Silva, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Derechos exclusivos IPS. Excluida su publicación en Brasil.

Por Julio Godoy

BERLÍN, 14 dic (Tierramérica).- Desde que el premio Nobel de Economía James Tobin (1918-2002) propuso en 1972 el impuesto contra la especulación de divisas que lleva su nombre, el mismo ha resurgido y desaparecido varias veces.

Pero la actual crisis económica global derivada de la especulación inmobiliaria y bursátil en Estados Unidos y otros países industrializados, y la necesidad de financiar los enormes costos de la lucha contra el cambio climático constituyen el marco ideal para implementar ese gravamen.

En contraste con los esfuerzos previos de organizaciones no gubernamentales que adoptaron la idea de “arrojar un poco de arena en las bien engrasadas ruedas de la especulación”, como dijo Tobin en su propuesta inicial, ésta es apoyada por varios gobiernos de países industrializados, entre ellos Alemania, Francia, Gran Bretaña y Rusia.

El día 7, durante una reunión de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el canciller francés Bernard Kouchner propuso la “tasa Tobin” para financiar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo.

Kouchner dijo que el tributo debería discutirse y aprobarse en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrolla del 7 al 18 de este mes en Copenhague.

“Sería un gran beneficio” que se apruebe esta medida en la capital danesa, dijo Kouchner.

Según la idea original de Tobin, el impuesto, representado por una tasa marginal, debería cobrarse cada vez que se realizan intercambios de divisas, pero solamente en las transacciones especulativas de corto plazo.

En la propuesta de Kouchner, la tasa sería de 0,005 por ciento. “Nadie sufriría por ella, pues costaría apenas cinco centavos en una transacción de 1.000 dólares o euros”, dijo Kouchner.

Un estudio presentado en octubre de 2007 por el Instituto Norte-Sur, con sede en Ottawa, estimó que un impuesto de 0,005 por ciento sobre las transacciones de divisas generaría ingresos de por lo menos 35.000 millones de dólares anuales.

De acuerdo a estimaciones del gobierno brasileño, se necesitan unos 300.000 millones de dólares anuales para financiar políticas de adaptación y mitigación del cambio climático en los países en desarrollo. Otra estimación, de la Convención Marco, cifra las inversiones necesarias “en más de 100.000 millones de dólares anuales”, pero en un detalle enumera posibles inversiones de unos 170.000 millones de dólares en 2030.

La Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (Globe) estima las necesidades financieras derivadas del cambio climático en entre 28.000 y 67.000 millones de dólares anuales.

Según el Banco de Pagos Internacionales, en 2007 el volumen diario de comercio de divisas alcanzó unos 1.500 billones de dólares.

Esta suma contrasta con el comercio internacional de bienes y servicios, que según la Organización Mundial del Comercio representó ese año un poco más de 17 billones de dólares. Es decir, la especulación monetaria, que apunta a beneficiarse de fluctuaciones en el corto plazo en las tasas de cambio de las principales monedas del planeta, representa más de 90 por ciento del volumen del comercio de divisas. Aunque en los años 80 y 90 la propuesta de Tobin se discutió ocasionalmente en medios académicos, la creación un impuesto contra la especulación financiera fue rescatada del olvido por el mensuario francés Le Monde Diplomatique en diciembre de 1997, como reacción a la crisis financiera de la época, y que afectó particularmente a países de América Latina y Asia, y a Rusia.

Como consecuencia de esa propuesta, en 1998 se fundó en París la Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), para promover la creación del impuesto Tobin y emplear los fondos recolectados para financiar políticas de desarrollo en los países más pobres.

La propuesta de Tobin cobró actualidad en 1998, gracias a las actividades de ATTAC, de la que se distanció en 2001. Ese año el parlamento francés aprobó un impuesto de 0,1 por ciento contra la especulación, que según legisladores franceses podía recaudar hasta 50.000 millones de euros (casi 73.500 millones de dólares) diarios.

En 2004, el parlamento belga aprobó un impuesto similar. Pero ambas leyes entrarán en vigor solamente en el marco de una legislación europea global sobre el tema.

En noviembre de este año, el primer ministro británico Gordon Brown también propuso un impuesto contra la especulación. Durante una reunión del Grupo de los 20 (G-20) países más industrializados y emergentes, Brown apeló a la introducción de una “tasa de seguro o un impuesto sobre las transacciones financieras globales que refleje el riesgo sistémico” derivado de ellas.

Oficialmente, el gobierno de Alemania también apoya el impuesto, aunque algunos de sus ministros se opongan. Incluso el gobierno de Rusia, inicialmente contrario al gravamen, anunció a fines de noviembre su disposición a introducir un impuesto a las transacciones especulativas contra el rublo.

El impuesto de Tobin también es apoyado por Brasil y Venezuela, e incluso por especuladores profesionales, como George Soros. Pero el gobierno de Estados Unidos, cuyos principales funcionarios financieros son antiguos ejecutivos de fondos de inversión o de bancos, se opone al tributo.

* Corresponsal de IPS.

Mario Osava entrevista a JOSÉ MIGUEZ, delegado del gobierno brasileño en la COP 15

RÍO DE JANEIRO, 10 dic (IPS) - La delegación de Brasil busca mantener en la conferencia sobre cambio climático de Copenhague el papel de liderazgo que tuvo este país en las negociaciones sobre ambiente desde que acogió la llamada Cumbre de la Tierra en esta meridional ciudad en 1992.

El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula de Silva anunció el compromiso nacional voluntario de reducir entre 36 y 39 por ciento los gases de efecto invernadero para 2020. Pero respecto de 1990, como establece el Protocolo de Kyoto, significará un aumento de casi 21 por ciento.

Una delegación de casi 700 funcionarios de gobierno, activistas y empresarios están presentes en la capital danesa en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 15) representando a Brasil, cuya población es la que en proporción más se ha manifestado preocupada por el recalentamiento global.

La encuesta del estadounidense Centro de Investigación Pew indicó que 90 por ciento de los consultados respondieron estar muy preocupados por el aumento de la temperatura de la Tierra y 79 por ciento de ellos dijeron estar dispuestos a sacrificar crecimiento económico y empleos a favor del cuidado ambiental.

Brasil puede ser considerado una “sociedad con bajo nivel de carbono”, sostuvo José Miguez, coordinador de la Comisión Interministerial de Cambio Climático, en entrevista a IPS desde Copenhague, al explicar la posición de Brasil en las negociaciones.

IPS: ¿Además de las metas voluntarias en emisiones de gases invernadero, que otras contribuciones lleva Brasil a Copenhague para justificar su liderazgo?

JOSÉ MIGUEZ: El liderazgo brasileño viene desde la firma de la Convención sobre Cambio Climático en Río de Janeiro en 1992.

Algunos ejemplos lo comprueban. Son brasileñas la propuesta que se adoptó en 1997 en Kyoto, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), la negociación en dos carriles, la Convención y Protocolo adoptados en 2007 en Bali, el mecanismo de Reducción de Emisiones resultantes de la Deforestación y Degradación forestal (REDD) en 2006.

También lo es la reciente proposición, en el ámbito del carril de la Convención, de Acciones de Mitigación Adecuadas al Contexto Nacional para países en desarrollo (NAMA, en siglas inglesas), que buscan destrabar las negociaciones en Copenhague.

En junio, Brasil encabezó en Bonn la propuesta oficial, que congregó otros 36 países en desarrollo, por una reducción de 40 por ciento en las emisiones (de gases invernadero) de los países desarrollados para 2020, respecto del nivel de 1990.

Además, Brasil tiene una matriz energética limpia, por la sustancial generación de hidroelectricidad, el uso de biocombustibles en los transportes y de carbón vegetal proveniente de la reforestación en la siderurgia, y se hizo un gran esfuerzo de reducción de la deforestación.

Adicionando los más de 400 proyectos MDL que redujeron en siete por ciento las emisiones brasileñas no forestales, el esfuerzo ya alcanza a 30 por ciento de merma respecto de 1990.

Ningún país industrializado hizo un esfuerzo comparable de mitigación. Los proyectos MDL prácticamente eliminaron todas las emisiones de óxido nitroso del sector industrial y 55 por ciento de las de metano en rellenos sanitarios registradas en 1990.

IPS: ¿En que Áreas prevé mayores dificultades para cumplir la meta de 2020?

JM: Es importante aclarar que los compromisos cuantificados de reducción de las emisiones, las llamadas metas, corresponden por el Protocolo de Kyoto a los países industrializados.

Las acciones NAMA se insertan en el ámbito de la Convención y en el Plan de Acción de Bali, como medio de fortalecer las acciones de los países en desarrollo, y no en el contexto del Protocolo, que tiene efectos vinculantes. Representan desviaciones sustanciales en las emisiones en el escenario, distintas de las metas de los países ricos.

Así el objetivo voluntario anunciado por el gobierno brasileño, de una disminución de 36 a 39 por ciento hasta 2020.

Sus acciones dependerán de lo que sea acordado en Copenhague sobre NAMA. Se necesitará un amplio debate con la sociedad brasileña, principalmente después que tengan su regulación negociada internacionalmente. Seguramente contener la deforestación será la principal contribución de Brasil para mitigar el cambio climático.

IPS: ¿Pero la economía de bajo carbono que se busca no contradice la política oficial de crecimiento económico, concebida en términos tradicionales, con ocupación amazónica, expansión de carreteras, industria automovilística y consumo energético?

JM: Lo importante es que el crecimiento se haga con cambios resultando una menor intensidad de emisiones por unidad del producto interno bruto (PBI). Se puede crecer mucho incrementando la productividad y la eficiencia energética.

En Brasil hay mucha tierra degradada y pastizales de baja productividad. Además, dependiendo del concepto usado, se pude afirmar que este país ya tiene una economía de bajo carbono.

Históricamente posee una industria de bajas emisiones de gases invernadero y condiciones para mantener o incluso ampliar la participación de fuentes renovables en la matriz energética, que en 2008 era de 45,4 por ciento del total, en comparación con 13 por ciento de promedio mundial y de sólo siete por ciento de media entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La expansión del transporte de carretera no aumenta necesariamente las emisiones, ya que se hace con mayor uso de biocombustibles.

IPS: La Cumbre Amazónica del 26 de noviembre, que buscó concertar posiciones para Copenhague, solo contó con presidentes de Brasil, Guyana y Francia. ¿Este país se alejó de América Latina en la cuestión climática?

JM: En la conferencia sobre cambio climático, los países en desarrollo negocian como bloque en el Grupo de los 77 más China que reúne 134 países (en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas). No hay posición separada de América Latina.

(FIN/2009)

Por Daniela Estrada y Raúl Pierri *

COPENHAGUE, 7 dic (Tierramérica).- América Latina llega a Copenhague con la intención de que el Norte rico pague su deuda climática obligándose a reducir gases contaminantes y proveyendo recursos al Sur en desarrollo. Pero, ante los riesgos de que esta estrategia fracase, nadie descarta aceptar al menos compromisos políticos.

El propósito latinoamericano es que en la capital danesa se adopte un acuerdo legalmente vinculante, pero la región no rechaza la idea de sumarse a un eventual pacto político que establezca reducciones voluntarias de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del recalentamiento planetario.

Todo se dirimirá en la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-15), que desarrolla desde el 7 hasta el 18 de este mes en la capital danesa.

En la “cumbre del clima” se debería adoptar un nuevo régimen de reducción de emisiones más allá de 2012, cuando venza el primer período de compromisos del Protocolo de Kyoto, único instrumento internacional contra este problema ambiental.

En vigor desde 2005, el Protocolo no establece disminuciones obligatorias de GEI a los países en desarrollo.

América Latina en su conjunto es responsable de apenas cinco por ciento de las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales gases causantes del recalentamiento planetario, pero es una de las regiones más vulnerables al cambio climático.

La región ya experimenta sequías, inundaciones, derretimiento de glaciares, aumentos de temperaturas, nuevas plagas agrícolas y enfermedades, como detalla el Primer Informe Regional sobre Cambio Climático, publicado en noviembre por Tierramérica en base a consultas con 23 especialistas latinoamericanos.

“Todos los países de América Latina y el Caribe, incluido Chile, estamos buscando un acuerdo jurídicamente vinculante”, dijo a Tierramérica el director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile, Álvaro Sapag, quien integra la delegación de este país austral a Copenhague.

“En el estado actual de la discusión, pensando que estos acuerdos deben construirse por consensos, probablemente no vamos a salir de Copenhague con un texto jurídicamente vinculante que puedan firmar los jefes de Estado”, acotó.

El secretario (ministro) de Medio Ambiente de México, Juan Elvira, comparte esta percepción. “Iríamos por un acuerdo legal, con metas muy bien definidas, pero no descartamos como última línea de negociación un acuerdo político”, planteó a Tierramérica.

“No pierdo las esperanzas, pero no es un tema fácil”, sostuvo Sapag, quien espera, en el último de los casos, “un acuerdo político robusto, que permita en un periodo corto afinar los detalles para tener otro jurídicamente vinculante”, posiblemente en la COP-16 de diciembre de 2010 en México.

Las esperanzas mundiales de que en Copenhague se adopte un firme y ambicioso acuerdo revivieron cuando China y Estados Unidos, los dos mayores contaminantes, anunciaron recortes voluntarios de GEI para 2020, tomando como referencia los volúmenes de 2005.

Según la lectura del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la decisión de su país de disminuir voluntariamente entre 36,1 y 38,9 por ciento de sus emisiones de GEI hacia 2020, en buena medida frenando la deforestación de la Amazonia, movilizó a las naciones que “se resistían a presentar números”.

Varios países latinoamericanos adelantaron que en la COP-15 se mantendrán en las posturas del Grupo de los 77 y China (G-77), integrado por 130 naciones en desarrollo.

El G-77 insiste en la primacía del principio de las “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”, consagrado en la Convención y en el Protocolo, y que implica dejar el mayor peso de la mitigación a las naciones ricas, principales emisoras de gases contaminantes en la era industrial.

Además, este grupo negociador exige al Norte que contribuya con financiamiento y tecnología para que las naciones pobres puedan hacer frente a los dañinos efectos del cambio climático y buscar formas de desarrollo que emitan menos gases invernadero.

Pero la postura de América Latina no es monolítica.

“Yo diría que hay una opinión única en ciertos temas, como las ‘responsabilidades comunes, pero diferenciadas’ y en la necesidad de muchos recursos para mitigación y adaptación en los países en desarrollo y la responsabilidad histórica” de las naciones industriales, resumió Sapag.

Los gobiernos de la región están alerta ante el riesgo de que, por cuenta del cambio climático, se erijan barreras a la exportación de sus productos.

“Hay países de América Latina que no aceptan instrumentos de mercado como una herramienta que contribuya a la reducción de gases de efecto invernadero, mientras que otros los aceptan. Algunos quieren que todas las acciones sean reportables, medibles y verificables, y otros que sólo sean voluntarias para los países en desarrollo”, describió.

México, que arroja a la atmósfera 715 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, pretende bajar voluntariamente 50 millones de toneladas para 2012, aunque aclaró que asumiría una disminución obligatoria a largo plazo sólo si recibe fondos y tecnología.

En la Cumbre Iberoamericana que concluyó el 1 de este mes en Estoril, Portugal, el presidente mexicano Felipe Calderón sostuvo que los países ricos tienen la principal responsabilidad, pero añadió que la tarea no puede recaer exclusivamente en ellos, porque tarde o temprano “todos pagaremos la inacción”.

Calderón reiteró en Portugal su propuesta de crear un nuevo Fondo Mundial contra el Cambio Climático (”Fondo verde”), de unos 140.000 millones de dólares, al que cada país contribuiría de acuerdo con su economía y su responsabilidad ambiental.

Aunque ya existe un Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto, México considera que su propuesta garantizaría mayor dinamismo a los esfuerzos de adaptación y mitigación.

Argentina propone dos juntas ejecutivas que tengan asociados fondos públicos de países industrializados en el ámbito de la Convención sobre el Cambio Climático –no del Protocolo– que se integren con un porcentaje del producto interno bruto, que puede oscilar entre 0,5 y uno por ciento.

Buenos Aires también ha insistido en la necesidad de “una transición justa” en el desarrollo sustentable para que la reducción de emisiones no implique impacto en el empleo.

Mientras, Venezuela parece mostrar una postura definida: el Norte industrializado tiene la responsabilidad histórica y debe actuar primero.

“Nos manejamos sobre la base de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Si soy un gran emisor de gases de efecto invernadero, mi responsabilidad es diferente a quien no aporta o comienza a aportar”, afirmó el viceministro de Ordenación y Administración Ambiental del Ministerio de Ambiente de Venezuela, Sergio Rodríguez.

“Estados Unidos es el país que ha almacenado mayor cantidad de dióxido de carbono históricamente en la atmósfera. No es posible que haya auxiliado a los bancos y a las grandes automotrices, pero no pueda disponer de recursos para atender el cambio climático”, señaló en una reunión sobre el tema con otros funcionarios.

Según Rodríguez, el gobierno de Hugo Chávez se plegará en Copenhague a la posición del G-77, al igual que Argentina.

“No tenemos un peso propio como país emisor y tampoco pisamos fuerte en esta negociación”, dijo a Tierramérica el director de Cambio Climático de la secretaría de Ambiente de Argentina, Nazareno Castillo.

Otros países, como Uruguay y Chile, no han anunciado metas concretas de reducciones de emisiones GEI, pero sí han validado las Acciones de Mitigación Nacionales Apropiadas (NAMAs, según sus siglas en inglés), entre las que se incluyen programas de eficiencia energética y la introducción de energías renovables no convencionales.

Para el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Carlos Colacce, este pequeño país sudamericano de 3,3 millones de habitantes ha adoptado una “posición novedosa” ante la cumbre de Copenhague, porque si bien apoya la postura del G-77, está tomando medidas propias para reducir sus emisiones de GEI, “aún sin recibir fondos de los países desarrollados para realizar esta tarea”.

* Con aportes de Marcela Valente (Buenos Aires), Mario Osava (Río de Janeiro), Emilio Godoy (México) y Humberto Márquez (Caracas).

Cristina Canoura* entrevista al economista JOHN NASH, del Banco Mundial

MONTEVIDEO, 30 nov (Tierramérica).- Un seguro de riesgo compartido para catástrofes en el Caribe podría constituirse en modelo de estrategia colectiva para afrontar desastres naturales causados por el cambio climático, dijo a IPS John Nash, economista principal del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Nash fue uno de los expertos entrevistados por Tierramérica para la elaboración del “Primer Informe Regional sobre Cambio Climático - América Latina ante los efectos irreversibles de un planeta más caliente”, presentado este mes en Montevideo. El siguiente es un resumen de esa entrevista.

TIERRAMÉRICA: ¿Existen planes regionales de contingencia o sistemas de alerta temprana para abordar los eventos climáticos extremos en la región?

JOHN NASH: Bajo los auspicios del Banco Mundial, se implementó el Seguro de Riesgo Compartido para Catástrofes en el Caribe (CCRIF por sus siglas en inglés). Éste permitirá que los países participantes de la región tengan un acceso inmediato a dinero en efectivo si son azotados por un huracán o un terremoto.

Compartir el riesgo permitirá a los 18 países participantes ahorrarse aproximadamente 40 por ciento del pago de sus primas individuales.

Hay trabajos exploratorios para crear una entidad similar para los países de América Central. También hemos trabajado con países de la región para crear o mejorar sus sistemas de seguros agrícolas meteorológicos, y para desarrollar capacidades para aliviar parte del riesgo en los mercados internacionales de reaseguros, lo que será útil para mitigar los impactos de los cambiantes patrones meteorológicos sobre la producción agrícola.

Desafortunadamente, en varios países la infraestructura para controlar el estado del tiempo se ha deteriorado con los años. Esto tendrá que ser corregido, lo que requerirá inversiones y habrá que profundizar en los mercados locales de seguros.

TIERRAMÉRICA: ¿Hay intercambios de información, bases de datos compartidas o acciones conjuntas entre países para una adaptación temprana de las manifestaciones más serias del cambio climático?

JN: Los ejemplos más claros son el CCRIF y el trabajo en curso para evaluar los riesgos de catástrofes en América Central.

TIERRAMÉRICA: ¿Cuál es el impacto actual del cambio climático en el sector agrícola y cuáles son las medidas más factibles de adaptación y mitigación?

JN: A causa de la variabilidad inherente a la meteorología, es difícil atribuir al cambio climático los eventos específicos que afectan hoy a la agricultura. Pero está claro que, como la productividad agrícola depende mucho del estado del tiempo, éste será uno de los sectores más afectados por el cambio climático. Es probable que los impactos varíen mucho de una región a otra, y algunas regiones templadas como el Cono Sur pueden experimentar un aumento en sus rendimientos con aumentos moderados de temperatura.

Pero si éstas siguen subiendo, la productividad caerá inclusive en esas regiones. A largo plazo, las pérdidas de ingresos proyectadas a 2100 para América Latina van de 12 por ciento, en un escenario de cambio climático leve, a más de 50 por ciento en un contexto más severo y a pesar de que los agricultores hayan adoptado medidas para minimizar el daño.

Las respuestas necesarias para la adaptación serán específicas de cada lugar. Pero un estudio reciente concluyó que quienes integran entornos productivos muy diferentes generalmente priorizan medidas similares: innovaciones tecnológicas, mejor manejo hídrico, mejores sistemas de información climática y un sistema integrado de los recursos naturales y la producción.

A fin de reducir las emisiones, la prioridad para América Latina y el Caribe es disminuir la deforestación y la degradación forestal, buena parte de ellas causadas por la expansión de las áreas agrícolas, que representan 46 por ciento de las emisiones de la región.

Las oportunidades de mitigación abarcan tres categorías amplias. Primero, reducir las emisiones de los flujos de dióxido de carbono, metano, dióxido de nitrógeno y otros gases de efecto invernadero en la agronomía y un mejor manejo del ganado.

Segundo, potenciar el almacenamiento de carbono en los suelos o las coberturas vegetales, con medidas como cultivos de conservación y restauración de tierras degradadas. Y tercero, desplazar emisiones a través de reservas de bioenergía y evitando cultivar nuevas tierras hoy ocupadas por bosques u otras coberturas vegetales.

TIERRAMÉRICA: ¿Se está adoptando alguna de estas medidas?

JN: La mayoría de los países están evaluando sus políticas. Y algunos, como México, están en una etapa bastante avanzada del desarrollo de una estrategia operativa. Muchas organizaciones internacionales –entre ellas el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Banco Interamericano de Desarrollo– apoyan activamente estos esfuerzos. En cuanto a la adaptación agrícola, empresas privadas llevan a cabo muchas investigaciones para desarrollar tecnologías de producción y variedades de semillas resistentes al calor y a las sequías. La red internacional de investigación –los centros del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional– también está centrando su trabajo en esta área.

Para reducir las emisiones derivadas de la deforestación, países como Brasil, Costa Rica y México asumen sus propios esfuerzos. Otros participan en el Asociación para el Carbono Forestal del Banco Mundial.

En cuanto a usar la agricultura para reducir las emisiones, Brasil es famoso como pionero en la producción sustentable de etanol a partir de la caña de azúcar.

TIERRAMÉRICA: ¿Qué medidas debería adoptar la región para modificar el modelo energético a fin de mitigar el cambio climático?

JN: Reevaluar la expansión de la energía hidroeléctrica y volver más eficiente la generación y el uso de energía en general. Alentar el cambio hacia técnicas de ahorro, por ejemplo mediante normas de etiquetado de eficiencia, estándares y promoción en el sector industrial. También se necesita mejorar ambos extremos de la cadena de oferta y demanda de energía.

* Corresponsal de IPS.

Por Diana Cariboni*

MONTEVIDEO, 23 nov (Tierramérica).- “Con una metáfora futbolística, tan del agrado de los políticos brasileños, el Protocolo de Kyoto fueron los 10 minutos de calentamiento antes de que comience el juego verdadero”, ironizó el científico Carlos Nobre.

“El juego de verdad debe comenzar ahora, aunque haya muchos que quisieran quedarse indefinidamente en la fase de calentamiento”, abundó el brasileño Nobre, uno de los autores de los informes de 1990, 2001 y 2007 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que obtuvo en 2007 el premio Nobel de la Paz.

Esas opiniones de Nobre aparecen, junto con las de otros 22 destacados especialistas, en el “Primer informe regional sobre cambio climático - América Latina ante los efectos irreversibles de un planeta más caliente“, publicado por Tierramérica el 19 de este mes en Montevideo.

Nobre, jefe del Centro de Ciencia Terrestre del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, se refería a la urgente necesidad de que los gobiernos alcancen algún acuerdo firme para abatir la contaminación causante del cambio climático, en la reunión que se celebrará en diciembre en Copenhague.

En la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se discutirá el futuro del Protocolo de Kyoto, único instrumento internacional que obliga a la reducción de gases que recalientan la atmósfera, y un nuevo marco mundial para hacer frente a la transformación del clima.

El resultado del cuestionario que Tierramérica sometió a los expertos refleja el escepticismo predominante ante los resultados que arroje la conferencia de Copenhague.

Mientras tanto unos “600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe experimentan de manera dramática los efectos del cambio climático, con sequías, inundaciones, derretimiento de glaciares, aumentos de temperatura, nuevas plagas agrícolas y enfermedades”, afirma el texto de 40 páginas, disponible en formato electrónico en en el sitio web de Tierramérica.

La región contribuye poco a la contaminación climática, pero se muestra muy vulnerable a sus efectos.

El impacto más dañino es el aumento de la variabilidad climática, según las respuestas obtenidas. Once de los 12 años transcurridos entre 1995 y 2006 figuran entre los más cálidos en los registros existentes de la temperatura mundial desde 1850.

La temperatura de la capital de México “aumentó más de cuatro grados desde inicios del siglo XX”, confirmó Fernando Tudela, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de ese país.

Las variaciones más o menos bruscas –sequías, lluvias excesivas, alteraciones en los períodos de heladas o granizos– impactan en la agropecuaria, que va perdiendo su capacidad de adaptación, y agrava la pobreza de la población que depende de la actividad agrícola, señala el informe.

Según simulaciones trazadas hasta 2100, América Latina y el Caribe podrían sufrir una pérdida de ingresos agropecuarios de 12 por ciento, en un escenario de cambio climático leve, o de 50 por ciento, en un escenario más grave.

Varios entrevistados advirtieron que son los propios agricultores quienes relatan las transformaciones del clima.

Los patrones climáticos alterados “los reconocen la inmensa mayoría de los agricultores andinos, que son grandes observadores del clima, pues de ello dependen sus cultivos y sobrevivencia”, dijo el antropólogo peruano Jorge Recharte, director del Programa Andino de The Mountain Institute.

Sin embargo, incluso en el terreno los diagnósticos, América Latina está indefensa.

“Para determinar el impacto en la agricultura se necesitan bases de datos confiables de clima y de producción agropecuaria, y que abarquen períodos extensos, entre 80 y 100 años. En la región, muy pocos países tienen ese tipo de registros”, sostuvo Walter Baethgen, director del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Investigaciones para el Clima y la Sociedad de la estadounidense Universidad de Columbia.

El Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe sugiere generar información climática en la planificación agrícola, mejorar las técnicas de riego y siembra (incluyendo la eliminación de pesticidas), optimizar el uso del suelo y establecer planes de acción basados en estudios de vulnerabilidad, priorizando medidas concretas y considerando a todos los sectores involucrados.

Es difícil que los países, en especial los más pequeños y pobres, puedan abordar estas estrategias en forma aislada.

El peruano José Marengo, de extensa carrera científica en Brasil, advirtió que en la región “no hay una acción coordinada de intercambio o de compartir información climática, hidrológica, y no hay esfuerzos comunes organizados entre países para enfrentar el cambio climático”.

La veterinaria y experta en sociología rural Edith Fernández-Baca Pacheco, de Perú, abundó que “los planes de contingencia a nivel regional o sistemas de alerta para hacer frente a eventos extremos, si los hay, son muy incipientes”.

La agricultura regional debe hacer también su aporte a la mitigación del cambio climático, reduciendo el dióxido de carbono liberado por la tala de bosques y el metano de la ganadería.

El gobierno de Brasil dio un paso en esa dirección el 13 de este mes, al anunciar su compromiso de reducir entre 36,1 y 38,9 por ciento las emisiones de gases invernadero que produciría en 2020 si se mantuvieran las tendencias actuales, con un crecimiento del producto interno bruto de entre cinco y seis por ciento al año, respectivamente.

Otra manifestación dramática es el acelerado derretimiento de glaciares, una de las fuentes de agua dulce más importantes del planeta.

En 2004, el nevado del Chacaltaya, una montaña de 5.300 metros de altura que custodia la ciudad boliviana de La Paz, “perdió una de las pistas de hielo más altas del planeta”, afirma el informe. Aunque los científicos preveían su completo derretimiento para 2013, este año ya no queda hielo en su cumbre.

El deshielo pondrá en peligro el abastecimiento de agua de muchas ciudades andinas.

Para el doctor en meteorología Marengo, uno de los redactores de informes del IPCC, las alternativas al abastecimiento hídrico de los glaciares –desalinización del agua de mar, perforación de pozos o integración de cuencas mediante obras de ingeniería– son demasiado costosas.

Además, “los países andinos son muy dependientes de la energía hidroeléctrica” y varias centrales necesitan requieren el agua de los glaciares, sobre todo en la estación seca, apuntó el economista principal del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, John Nash.

América Latina también siente otros efectos del calentamiento que podrían ser irreversibles, como la sabanización de la Amazonia, el deterioro y pérdida de los manglares, el aumento del nivel del mar y la pérdida de la línea costera.

Otra evidencia es la propagación de vectores de enfermedades hacia zonas que no constituían su hábitat natural, como el mosquito Anopheles, transmisor del paludismo, que se expande desde zonas tropicales “a menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar”, hacia áreas por encima de los 2.000 metros de altura.

La biodiversidad está asimismo bajo presión. Un aumento de entre tres y cuatro grados en los próximos 50 años “será la causa principal de la potencial muerte de los bosques amazónicos”, afirma el informe. Aun con escenarios de emisiones de gases relativamente bajas, regiones como América Central y los Andes experimentarán una rotación de especies de más de 90 por ciento, advierte el Compendio.

Mario Bidegain, de la Unidad de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de la República de Uruguay, puso el acento en las incertidumbres.

“Aún se discute a nivel científico si alcanzar un incremento de la temperatura de más de dos grados centígrados no daría lugar a un nuevo estado de equilibrio del sistema climático que podría hacer desaparecer del planeta a gran parte de la población humana”, advirtió.

* Corresponsal de IPS.

Por Matthew Cardinale

ATLANTA, Estados Unidos, nov (IPS/IFEJ) - La posibilidad de una catástrofe ambiental lleva a muchos políticos, académicos y ciudadanos a reformular el paradigma, antes incólume, de una economía basada sobre el crecimiento constante.

Esto es así porque a sectores cada vez más amplios de la población, especialmente la de la mayor potencia mundial, Estados Unidos, les queda claro que tendrá que consumir menos recursos naturales para minimizar los peligros que amenazan de muerte al planeta.

La gran pregunta es: ¿cómo puede pasar Estados Unidos a una economía de “crecimiento cero” que se sustente y en la cual no aumente el desempleo? Si la población consume menos bienes y servicios, ¿eso significará menos trabajo en la industria manufacturera y en la venta y provisión de esos bienes y de servicios?

“Es una buena pregunta, porque en este momento afrontamos niveles insostenibles de consumo”, dijo para este artículo John Talberth, presidente del Centro para la Economía Sustentable. “Si no consumimos suficiente, toda la economía colapsa, y tenemos que cambiar.”

En ese sentido, el gobierno de Barack Obama promueve empleos “verdes” en la producción de energía de fuentes renovables, como la eólica y la solar, de modo de asegurarle a su país el mantenimiento de su competencia económica, al mismo tiempo que aborda problemas como el cambio climático.

Sin embargo, los empleos verdes avanzan sólo hasta cierto punto, principalmente reemplazando a los más sucios en los sectores del petróleo, el carbón y los reactores nucleares. Esto no alcanza para compensar la posible pérdida de trabajos que implica la reducción del consumo general en este país.

Muchos ciudadanos estadounidenses ya comienzan a reducir su consumo, aunque no necesariamente por una preocupación ambiental, sino por el terrible estado de la economía, la misma razón por la cual cada vez más restaurantes y comercios cierran sus puertas.

Cuando la gente compra menos, las autoridades de las ciudades, cuyos presupuestos dependen de impuestos a las ventas, reducen, a su vez, servicios como el cuidado de espacios públicos y los policiales.

PASARSE AL LOCALISMO

En las últimas décadas se ha constatado una tendencia mundial a la globalización, la centralización, la especialización y la producción masiva. El argumento económico para la centralización es la eficiencia: que menos personas produzcan más mercaderías. Esa práctica ha redundado en desempleo.

“El pasaje de industrias pequeñas a industrias de gran escala redujo la demanda de mano de obra”, observó Talberth.

“Hemos salido de tres décadas o más de concentrarnos en una política económica de globalización. Como sabemos, esto ha llevado a desestimar enormemente la base manufacturera estadounidense, y ha perjudicado a comunidades de todo el mundo. Si dejamos la globalización para pasar a la ‘localización’, crearemos una cantidad fantástica de nuevos empleos”, agregó.

Judy Wicks, fundadora de la Alianza Empresarial para las Economías Locales Vivas, describió la visión de una nueva modalidad de producción según la cual “los puestos dedicados a la fabricación de bienes innecesarios que se destinan a consumidores autómatas serán reemplazados por empleos valiosos que ayuden a construir la autonomía local”.

“La mayoría de nuestros alimentos son importados y procesados por grandes compañías en otros lugares. No sólo necesitamos apoyar a nuestros agricultores locales, sino también a los trabajos y empresas que distribuyen los productos frescos y procesan nuestros alimentos, para que los enlatados de nuestra tienda procedan de nuestra localidad”, añadió.

La masajista Gloria Tatum, de Decatur, en el sudoriental estado de Georgia, llegó a esa misma conclusión el año pasado, cuando la demanda de sus servicios se redujo. Fue entonces que decidió cultivar verduras en el jardín del frente de su casa. En 2008 cosechó más de la mitad de los alimentos que consumió, y espera llegar a las tres cuartas partes el año próximo.

Según Wicks, “esto significará más empresas y muchos más propietarios. La propiedad de las empresas se distribuirá de un modo mucho más amplio”.

Es decir que los beneficios del consumo comunitario llegarán más a las familias y menos a accionistas corporativos y a instituciones financieras, explicó. “La economía local coloca en el mercado productos realmente únicos y apoya la innovación local. Las dinámicas economías locales apoyan a sus artistas locales, a sus músicos, a su cultura local. Sus comunidades crean productos únicos que expresen la cultura local”, expresó.

“Puede ser un gran vino, un gran queso, una nueva moda… cualquier cosa que una comunidad cree, para que su economía cree cosas que celebren al ser humano y no a los productos básicos”, dijo Wicks.

INVERSIONES VERDES Y SOCIALES

“Nuestra economía debe crecer, pero nuestras inversiones deberían ser verdes. Se debería invertir en grande en mejoras a la eficiencia energética de los edificios y de las industrias, en energía eólica y solar, en transporte masivo”, dijo James Heintz, del Instituto de Investigaciones sobre Economía Política de la Universidad de Massachussets en Amherst.

“Una parte de esto sería la modernización de la infraestructura eléctrica nacional. La red está muy centralizada y es muy vieja. No puede adaptarse a la energía solar y eólica”, señaló.

“Todas estas inversiones crearán empleos y ayudarán a mantenerlos en las áreas de la economía que ya existen”, agregó.

El presidente Barack Obama y el Congreso legislativo de Estados Unidos aprobaron un paquete de estímulo incluido en Ley Estadounidense de Recuperación y Reinversión (ARRA, por sus siglas en inglés).

La norma prevé una inversión de unos 100.000 millones de dólares “para apoyar esta clase de inversiones verdes”, dijo Heinz. El experto consideró que esa ley “no sólo crea inversiones en empleos verdes”, sino que también dispone que ciertas instalaciones hoy en uso sean dejadas de lado “para que la economía avance hacia el futuro”, dijo Heintz.

“Los estándares de eficiencia energética para los edificios nuevos producen rédito con mucha rapidez, gracias al ahorro de energía. En cinco años se recupera la inversión”, aseguró.

Sin embargo, el dinero previsto por la ARRA para edificios energéticamente eficientes no alcanzará a todas las construcciones de Estados Unidos. Eso llevará al menos 30 años, dijo.

“Hay que crear incentivos ahora para que la economía pase a una clase de producción y consumo que mejoren mucho la eficiencia en el uso de los escasos recursos que tenemos, y le exija menos al ambiente de modo que los ecosistemas puedan asimilar la contaminación”, opinó Heintz.

La eficiencia energética también permitirá que las familias ahorren dinero, añadió.

Talberth, del Centro para la Economía Sustentable, sostuvo que Estados Unidos necesita, además, inversiones sociales.

TRABAJAR MENOS

Algunos sugieren que en un futuro la sociedad puede concluir que no es necesario ni deseable que toda la población económicamente activa trabaje tanto. Es decir, que se puede producir colectivamente todo lo que se necesita, con menos trabajo y menos empleados.

“Si tenemos a toda la población a salvo de la pobreza y el hambre, recibiendo atención médica y educación, no hay motivos para que todos deban trabajar 40 o 60 horas a la semana. Tiene que haber más tiempo dedicado al ocio”, dijo Talberth.

Según Wicks, “esto también significa que trabajemos menos”.

“Muchas veces la gente está desesperada por dinero porque quiere comprar toda esta basura. Tal vez si cambiamos nuestros valores no necesitaremos tanto dinero, y tampoco necesitaremos trabajar tanto”, dijo.

* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible. (FIN/2009)

Por Maurice Strong*

BEIJING, 9 nov (Tierramérica).- El rápido e inesperado desastre económico que comenzó en Estados Unidos y se extendió por todo el mundo demostró que la globalización y la interdependencia tienen el dramático inconveniente de los riesgos compartidos y la vulnerabilidad.

Ello indica que debemos manejar esas crisis cooperativamente, sobre una base sistémica e integrada, en lugar de hacerlo de forma separada y a menudo de modo competitivo.

Algunos, sin embargo, todavía sostienen que sólo podemos enfrentar los riesgos del cambio climático y reparar los daños de la degradación ambiental después de haber arreglado la economía global. Esto es insensato.

Esperar a emprender acciones contra el cambio climático mientras se trata de remendar provisionalmente el actual modelo económico no haría más que exacerbar las inminentes amenazas contra nuestra civilización.

Será decisivo el papel de China en las negociaciones que se desarrollarán en diciembre en Copenhague entre los firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En esa conferencia mundial deberán asumirse compromisos vinculantes y exigibles con penalidades para los incumplidores. Debemos aprender de los muchos acuerdos que los gobiernos se comprometieron a cumplir en el pasado, pero que rara vez honraron. Si hubieran cumplido con esas obligaciones no estaríamos en el estado actual de crisis.

China e India son ahora la principal fuente de incrementos en las emisiones globales de gases de efecto invernadero y están bajo fuerte presión para que acepten metas específicas.

Éstas y otras naciones en desarrollo insisten con toda razón en una mayor reducción de las emisiones en los principales países industrializados, que son primordiales responsables de la acumulación de gases invernadero que condujo al clima mundial al peligroso umbral en el que se encuentra.

Ello debe ser acompañado por compromisos para proporcionar ayuda a gran escala a las naciones en desarrollo, a fin de permitirles reducir sus emisiones sin perjudicar su crecimiento económico.

Un escenario optimista para Copenhague incluiría un acuerdo sobre un programa de seguridad climática o, por lo menos, los principales elementos de un plan de ese tipo, combinados con el establecimiento de un fondo para la seguridad climática.

Los países más desarrollados entregarían recursos para ese fondo de un modo proporcional a sus emisiones de dióxido de carbono y a su producto interno bruto (PIB). El fondo debería contar inicialmente por lo menos con un billón de dólares, una cifra mucho más allá de lo que las naciones industriales están dispuestas a considerar.

Es probable que ese monto sea considerado poco realista, particularmente a la luz de la crisis económica global. Sin embargo, la suma es menor a la del costo que le representan sólo a Estados Unidos las guerras en Iraq y Afganistán.

Tal nivel de financiación para el fondo exige innovadores recursos, como pagos por el uso de los bienes comunes globales, por ejemplo los océanos, la atmósfera y el espacio exterior, que no están bajo jurisdicciones nacionales, así como la aplicación de impuestos a los combustibles fósiles y otras fuentes de emisiones y la imposición de penalidades por incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones.

Una ayuda a gran escala a los países en desarrollo, acompañada por amplios programas que les permitan la obtención de créditos por su capacidad para reducir emisiones a más bajo costo que muchas naciones desarrolladas, ofrece la posibilidad de inversiones eficaces y económicamente ventajosas.

Las inversiones que hagamos para lograr la seguridad climática generarán nuevas oportunidades, tanto para las empresas como para los individuos que participen en el establecimiento de la nueva economía. De modo que, en sus orígenes como en sus soluciones, las crisis ambiental y económica están inextricablemente vinculadas.

La moralidad de nuestra civilización merece un triste comentario cuando se comprueba que se dedican más recursos para las actividades militares que para satisfacer las necesidades humanitarias y sociales y para proteger la viabilidad de nuestro planeta.

China y Estados Unidos en conjunto producen aproximadamente 40 por ciento de las emisiones globales de gases invernadero. Aunque todos los países deben cooperar para enfrentar el desafío del cambio climático, será esencial la cooperación de esas dos naciones.

China ha sobrepasado a Estados Unidos como la principal fuente de emisiones de carbono, pero está todavía muy por debajo en términos de contaminación por persona. Cada chino produce en promedio sólo un quinto de las emisiones de cada estadounidense.

Desde los albores de la revolución industrial, Estados Unidos ha generado más de 1,1 billones de toneladas de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles, mientras que China produjo 300.000 millones de toneladas.

Somos la primera generación en la historia que tiene la capacidad y la responsabilidad de determinar el futuro de la vida en la Tierra. No podemos ser complacientes y creer que, hagamos lo que hagamos, la vida continuará.

Las condiciones que hacen posible la existencia tal como la conocemos han permanecido en un breve período de la historia de nuestro planeta y dentro de muy estrechos límites. Resulta evidente que los seres humanos están incidiendo sobre esos límites a una velocidad y a una escala que van más allá de nuestra capacidad para regularlos.

La humanidad está ante un real e inminente riesgo. Pero las perspectivas de éxito para enfrentarlo, aunque desafiantes, son también muy reales.

* Maurice Strong fue secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en 1972, primer director general del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y secretario general de la Conferencia de las Naciones

Por Wangari Maathai*

NAIROBI, 2 nov (Tierramérica).- Resulta evidente que el cambio climático plantea severos riesgos ambientales, económicos y sociales. Pero también presenta un desafío nunca visto al conjunto de los dirigentes mundiales.

¿Podrán los gobernantes hacer frente a ese reto cuando se reúnan en Copenhague en diciembre para negociar un nuevo acuerdo internacional sobre el problema climático?

La concesión del premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofrece esperanza y representa un estímulo.

Desde que asumió la Presidencia, en enero de este año, Obama ha demostrado buena disposición para emplear el enorme poder de su país en el esfuerzo de forjar un mundo más pacífico; ha enfatizado la importancia de la cooperación internacional, del compromiso diplomático y del respeto mutuo. Según su visión, todo es posible para quien está decidido a superar obstáculos.

Todos esos principios son esenciales para resolver el desafío climático.

Las realidades del calentamiento global plantearán exigencias sin precedentes a todos los países, tanto a causa de los millones de refugiados económicos y ambientales que llegarán a las playas de las naciones ricas, como por el deterioro de los bosques y de los sistemas agrícolas y la amenaza de hambrunas masivas entre los pobres.

Sabemos que el cambio climático no afectará a todos por igual. Los más pobres, los más viejos, los más jóvenes, las mujeres, los que viven a lo largo de las costas o en regiones áridas y quienes dependen directamente de la tierra para su subsistencia sentirán mucho más sus efectos.

Pruebas de los graves efectos del cambio climático llegan a diario, especialmente en regiones ya vulnerables. En mi propio país, Kenia, una prolongada sequía ha provocado que unos 10 millones de personas –casi un tercio de la población–, necesiten ayuda alimentaria. Las cosechas se perdieron y el ganado, sin agua o forraje, está muriendo.

La vida natural, columna vertebral de la industria turística de Kenia, está también muriendo por el descenso del caudal de los ríos, mientras la falta de agua afecta las praderas. El hambre y la sed elevan la mortalidad de niños y ancianos.

En países como Guatemala, las lluvias insuficientes y el empobrecimiento de los suelos han devastado las cosechas de maíz y frijoles. Miles de personas sufren ahora una emergencia alimentaria. En otro extremo del mundo, en India y Bangladesh, así como en África occidental, especialmente en Níger, las lluvias excesivas originaron inundaciones calamitosas que mataron a miles de personas.

El problema climático es un reto fundamental para el liderazgo mundial, que reclama dirigentes honestos y de principios, visionarios y prácticos, que transmitan la urgencia de las tareas a emprender y preparen a sus pueblos para afrontar las duras alternativas e inevitables sacrificios que implica poner freno al calentamiento global.

Esos dirigentes deben instrumentar políticas efectivas en beneficio de las actuales y las futuras generaciones, y dejar de lado las soluciones de rutina o conducentes sólo a obtener ventajas políticas de corto plazo.

Esa dirigencia debería pedir a sus propios pueblos la misma lealtad, transparencia, equidad y justicia que debe exigirse a sí misma.

Pero los países industriales y los países en desarrollo tienen responsabilidades divergentes en relación a la crisis climática. África, por ejemplo, ha contribuido en apenas cinco por ciento a la emisión de gases invernadero que están calentando al planeta.

Por lo tanto, los países industrializados tienen la obligación no sólo de reducir notablemente sus emisiones de gases invernadero, sino asimismo de comprometerse a asistir a las naciones más pobres para que puedan adaptarse a los impactos climáticos y emprender políticas de desarrollo que no sean nocivas para el planeta. Ese es el camino hacia la justicia climática.

También los gobernantes de los países en desarrollo debe enfrentar el desafío; muchos de ellos han pasado por décadas de malas administraciones o descuido del ambiente, y las actuales políticas siguen siendo muy inadecuadas.

Algunos gobiernos han tolerado o incluso facilitado el saqueo de bosques y selvas, la degradación del suelo y prácticas agrícolas insostenibles. Todo ello amplió la probabilidad de que las lluvias estacionales no sean normales, de que la capa fértil del suelo se erosione y de que se desertifique la tierra. Estas condiciones llevan al crecimiento de la pobreza e incentivan conflictos desesperados y mortales por los escasos recursos que quedarán.

En un mundo así, la paz es esquiva y los recursos que deberían destinarse a proteger el ambiente se emplean para hacer frente a los conflictos y a la inseguridad general.

Es mucho lo que está en juego como para seguir tolerando maniobras dilatorias o políticas arriesgadas e imprevisoras. Si fracasamos ahora, las futuras reuniones cumbres deberán concentrarse en paliar los costos en vidas humanas y recursos que traerá aparejados la crisis climática.

El premio Nobel de la Paz da a Obama una mayor oportunidad para alentar al mundo hacia la curación de viejas y nuevas heridas y a aprender a coexistir en paz. Cuando acepte el galardón, el 10 de diciembre, la conferencia mundial sobre el clima en Copenhague ya estará en marcha.

Esta es la gran ocasión para que los líderes mundiales demuestren que entienden la naturaleza singular del desafío y que están preparados para afrontarlo. Ha llegado la hora de las decisiones. El cambio climático no exige nada más y nada menos.

* La autora recibió el premio Nobel de la Paz en 2004, es fundadora del Green Belt Movement y cofundadora de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel. Derechos exclusivos IPS.

Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, 23 oct (IPS) - Con casi 5.000 acciones en 179 países, la sociedad civil reclamará este sábado a los gobiernos del mundo un nuevo protocolo de cambio climático que defina un límite a las emisiones de dióxido de carbono que puede tolerar la atmósfera, a fin de evitar impactos ambientales dramáticos.

En Bolivia, activistas viajarán a la cumbre de Chacaltaya, la montaña donde estaba el glaciar que se derritió por el recalentamiento global. En la Zócalo de la ciudad de México, el emblemático paseo, y en la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires están previstas manifestaciones. Y de la austral ciudad argentina de Ushuaia saldrán embarcaciones con pancartas para cruzar el canal de Beagle.

Son sólo algunas de las 500 acciones que se realizarán en la región este sábado, declarado por los organizadores Día Internacional de Acción Climática.

La campaña, que tiene el aval de Rajendra Pachauri, presidente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés), se llama “350″ que es el número de partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO2) que puede absorber la atmósfera sin graves alteraciones del clima.

Actualmente, en la atmósfera se concentran 390 ppm de CO2 que provoca el llamado efecto invernadero, y la proyección indica que esa concentración está aumentando dos ppm por año. El IPCC creía en 2007 que el número de emisiones debía estabilizarse en 450 ppm, pero ahora su presidente admite que eso no bastará y apoya la campaña 350.

En diálogo con IPS, el ecuatoriano Pablo Astudillo, coordinador de la campaña en América Latina, explicó que “el objetivo de esta iniciativa es lograr que, por medio de la opinión pública, los gobiernos acepten que el nuevo protocolo de cambio climático debe establecer el límite máximo de emisiones en 350 ppm de CO2″.

Para eso, las organizaciones de la sociedad civil, comunidades o individuos inscriben en un sitio de Internet las acciones que se comprometen a realizar en el día de la campaña, de manera de llamar la atención en todo el mundo sobre esta voluntad no gubernamental de poner un límite seguro a las emisiones.

“Los científicos del IPCC están apoyando esta iniciativa porque admiten que ese nivel es el máximo que soporta la atmósfera para frenar el cambio climático”, comentó Astudillo. También académicos de la estadounidense Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) señalan que para evitar catástrofes ambientales es necesario bajar las emisiones a ese nivel.

Según el científico James Hansen, de la NASA, el nivel máximo debería ser incluso más bajo, de 300 ppm. Añade que el nivel de 350 ppm permitiría apenas detener el derretimiento de los hielos del círculo Ártico, pero para su restauración, dado que perdió cerca de 80 por ciento de superficie, se debe bajar a 300 ppm.

El recalentamiento de la atmósfera provoca el derretimiento acelerado de los casquetes polares y de los glaciares, el aumento del nivel del mar, que amenaza la supervivencia de pequeños estados insulares, y trae también inundaciones, tormentas más frecuentes e intensas y sequías, con su secuela de hambre y aumento de las migraciones.

Los países parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reunirán en diciembre en Copenhague, en su XV Conferencia, a fin de firmar un nuevo acuerdo que renueve los compromisos de reducción de emisiones de CO2 asumidos en el Protocolo de Kyoto, que llegan hasta 2012.

Pero los observadores señalan que las negociaciones para un acuerdo están estancadas. “Las posiciones de los países están muy dispersas”, lamenta Astudillo.

Los únicos que respaldaron la campaña 350 en bloque son los que integran la Alianza de Estados Insulares y los países menos desarrollados, precisó. El resto está disperso, sin propuestas que logren atraer un consenso, remarcó.

Esto se advirtió en la reunión de septiembre en Bangkok, en la que los delegados no lograron alcanzar un acuerdo y decidieron volver a reunirse en noviembre en Barcelona. “Hay un borrador pero es muy amplio, con demasiados párrafos entre corchetes que reflejan las distintas posiciones”, alertó.

Justamente, para Astudillo, esa es la diferencia principal con las negociaciones que precedieron la firma del Protocolo de Kyoto en 1997.

Entonces, Washington ponía trabas para comprometerse con la reducción de emisiones y de hecho nunca ratificó el acuerdo. “Ahora no es que se esté boicoteando un acuerdo desde Estados Unidos, pero hay muchas divisiones entre los países y no se logra llegar a un consenso”, dijo. (FIN/2009)