SANTIAGO, 28 dic (Tierramérica).- Cuando se coloca a un niño desnutrido en una balanza, lo que se está midiendo no es sólo un organismo enflaquecido, sino la síntesis de una lógica tan nefasta como la que derrumba bosques, sopla destrucción y excluye a mil millones de personas de la posibilidad de una vida digna.

La conciencia del siglo XXI no puede seguir ignorando que, mientras haya hambre, no habrá un futuro sustentable.

Las respuestas a los desafíos que amenazan a la humanidad no pueden seguir repitiendo el enfoque segmentado predominante en el patrón de desarrollo del siglo XX, que nos dejó tantos problemas sociales y ambientales. Ellas dependen, necesariamente, del diálogo entre las demandas sociales, económicas y ambientales.

El cambio climático afecta, sobre todo, a las poblaciones pobres, institucionalmente desamparadas y con menor capacidad de reaccionar con velocidad a eventos desestabilizadores. Por ejemplo, el contingente de quienes están excluidos del mercado y los pequeños productores rurales.

En casi todas las regiones del mundo, las poblaciones acorraladas por el hambre y la pobreza habitan áreas de riesgo natural. Son ellas quienes figuran entre las principales víctimas de los desastres ambientales acentuados por fenómenos cíclicos como El Niño y La Niña.

El cambio climático también aumenta la intensidad de los eventos extremos y los vuelve más impredecibles. Las consecuencias ya son visibles hoy en el aumento del costo de los seguros agrícolas y en la escasez de agua que afecta a algunas regiones del mundo, y se convierte en principal limitante para la expansión agrícola.

Además, la inseguridad relacionada al clima contribuye a la volatilidad de los precios de los alimentos, que una vez más presentan una trayectoria ascendente.

Para 2050, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) prevé que la producción agrícola en los países en desarrollo caerá entre nueve y 21 por ciento debido al calentamiento global.

Asimismo, un aumento relativamente pequeño de la temperatura media global, de entre uno y dos grados, puede tener impactos significativos en la seguridad alimentaria mundial, porque causaría una caída en la productividad e inutilizaría 110 millones de hectáreas de tierra en las zonas más próximas a la línea del Ecuador, donde están la mayoría de los países en desarrollo.

Por otro lado, la población mundial crece por año en una cantidad equivalente a los habitantes de Etiopía (80 millones de personas). En 2050, la humanidad tendrá 9.000 millones de bocas. La FAO cree que se necesita agregar anualmente una Australia agrícola a la oferta mundial de alimentos.

Así, no resulta malthusiano reconocer que el cambio climático puede amenazar la seguridad alimentaria.

Por ahora hay tierra suficiente, además de tecnología y conocimiento para elevar la producción. Eso haría posible satisfacer la demanda de alimentos de la población mundial en 2050 casi sin expandir la frontera agrícola: la FAO estima que 90 por ciento del aumento de la producción de alimentos necesaria para alimentar al mundo de entonces provendrá de incrementos en la productividad, y sólo 10 por ciento de una expansión del área plantada.

Lo que falta son recursos y decisión política para aprovechar el potencial disponible. Eso reafirma la urgencia de una acción articulada para vencer el hambre y el desequilibrio ambiental de manera conjunta.

Así como la cumbre de cambio climático de Copenhague, celebrada entre el 7 y el 19 de este mes, podría haber inaugurado un nuevo ciclo en relación a los objetivos aún no alcanzados de mitigación del fenómeno, la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, celebrada por la FAO en noviembre en su sede de Roma, sugiere un punto de inflexión en el caso de la lucha contra el hambre.

Desde los años 80, los gobiernos, sobre todo los de los países en desarrollo, fueron instados por la agenda del Estado mínimo a transferir las responsabilidades del abastecimiento doméstico de alimentos a los intercambios internacionales, que proveerían la oferta justo a tiempo, a un costo inferior al cargamento de reservas y al fomento local.

Las políticas de desarrollo rural fueron desmontadas. Las reservas de alimentos de emergencia se agotaron. El tamaño de la ayuda internacional al desarrollo agrícola pasó de 17 por ciento en los años 80 a menos del cinco por ciento actual. En un mundo de oferta abundante y mercados obsequiosos, ¿qué sentido tenía destinar recursos fiscales escasos a los agricultores pobres?

La respuesta vino en forma de desastre. La explosión de los precios de los alimentos en 2008 provocó que la cuenta de hambrientos alcanzara un récord sombrío, saltando de 873 millones personas a más de mil millones en dos años.

Frente a la emergencia, la respuesta de la reunión de Roma fue clara.

La responsabilidad decisiva por la seguridad alimentaria debe ser reasumida integralmente por los gobiernos de los países en desarrollo. Las estrategias de combate al hambre y a la pobreza no pueden ser impuestas desde afuera.

Las naciones ricas seguirán siendo presionadas para que destinen el 0,7 por ciento de su producto interno bruto a la ayuda internacional, garantizando el fomento agrícola por lo menos de una manera equivalente a la de los años 80.

Sin embargo, ningún otro protagonista que no sean los propios gobiernos puede llenar el doble vacío que ha generado la crisis mundial: el que dejó el mito de la auto-regulación de los mercados y el abierto por las defraudadas expectativas de solidaridad internacional, como un bote salvavidas para mil millones de hambrientos.

El último día de este año, 28 por ciento de los niños de los países pobres dormirán de la misma forma en que se despertaron el primer día de 2009: enredados en la tela asfixiante de un mal que no tiene cura.

El roce entre lo posible y lo imposible, en el caso del hambre y el ambiente, cuestiona la inercia de la política y convoca la energía transformadora de la sociedad para coordinar respuestas que Copenhague y Roma han demostrado que deben ser parte de una agenda indivisible: la civilización sustentable.

* José Graziano da Silva, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Derechos exclusivos IPS. Excluida su publicación en Brasil.

RÍO DE JANEIRO, dic (Tierramérica).- “El archipiélago de Japón se hundirá dentro de un año”. El anuncio oficial se produjo tras una violenta erupción del monte Fuji, y luego se multiplicaron los terremotos por todo el país, desafiando al mundo a acoger a 110 millones de personas en pocos meses.

Una furiosa batalla diplomática logró una dubitativa solidaridad para evacuar a 65 millones de japoneses. Veinte millones se hundieron con las islas, muchos de ellos voluntariamente, por amor a la Patria o para ceder lugar en la fuga a los más jóvenes. Los demás, se supone, murieron antes, víctimas de temblores, tsunamis y otros cataclismos.

Es el relato de una novela de anticipación, publicada en 1973 en Japón y traducida en Francia cuatro años después, “El hundimiento de Japón”. El autor, Komatsu Sakyo, imagina la hecatombe a partir de fenómenos naturales posibles, como la intensificación y alteración de los movimientos de la corteza terrestre bajo el océano Pacífico.

Más acá de la ficción, el mundo vive inundaciones cada día más frecuentes y la inminencia de múltiples hundimientos de naciones isleñas y ciudades costeras, todos hechos provocados por la acción humana. El peligro viene del aire, más que del subsuelo, pero con consecuencias igualmente trágicas, solo que menos impactantes por la dispersión geográfica y temporal.

Posiblemente se necesite una catástrofe de la magnitud narrada por Sakyo para que el mundo llegue a un acuerdo efectivo que evite un calentamiento global suicida. Ciertas transformaciones, especialmente contra la marea económica, sólo se materializan luego de tragedias o rebeliones excepcionales. La crisis financiera del año pasado, por ejemplo, fue insuficiente para promover cambios estructurales.

La magnitud no se limita solo a la cantidad de víctimas, sino a la extinción total de una nación rica como Japón, al que en los años 70 muchos veían como desafiante de la hegemonía económica estadounidense. La novela es también una crítica a la soberbia nipona en la reconstrucción de la posguerra.

La probabilidad de que los países tropicales, especialmente los pequeños y pobres, sean los que más sufran los efectos del recalentamiento global no tiene la misma capacidad de estimular una cooperación que parecería natural en este caso, por tratarse de una amenaza que afecta a todos.

La crisis climática realza las múltiples dimensiones de las disparidades entre naciones, dificultando las negociaciones. Los principales temas, las metas obligatorias de emisiones y financiamiento, dividen al mundo entre los ricos y los demás, con una clase media de naciones cuya pretensión de seguir revistando en las filas de los pobres es rechazada por los ricos.

Esa desigualdad es la que dificulta todas las negociaciones multilaterales, sean comerciales, financieras, de patentes o sanitarias. Todas son oportunidades para que los países en desarrollo reduzcan la brecha y obtengan más ayuda al desarrollo, ahora con el incuestionable argumento de la acumulación histórica de gases invernadero en la atmósfera, a cargo de los países industrializados.

Pero los bloques construidos en otros foros carecen de consistencia en la cuestión climática. Brasil, por ejemplo, es constantemente presionado por los ambientalistas a disociarse del Grupo de los 77 (G-77), la coalición de más de 130 países en desarrollo, para contribuir a un acuerdo y recuperar el liderazgo que desempeñó en la negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 1992, y del Protocolo de Kyoto, en 1997.

Por sus facilidades específicas para reducir emisiones de gases invernadero –poner fin a la deforestación e incrementar la energía limpia que ya ha desarrollado en abundancia– Brasil podría asumir metas ambiciosas en su propio beneficio, arguyen los ecologistas.

China, asociada al G-77, se volvió un cuerpo extraño al codearse con Estados Unidos en volúmenes de emisiones de gases, construir una central termoeléctrica a carbón por semana y disponer de más de dos billones de dólares en reservas. Asusta imaginar a sus 1.300 millones de habitantes en una marcha acelerada hacia la industrialización y el consumo que hoy se reconoce no sustentable.

Es muy distinta la posición objetiva de países ricos en combustibles fósiles y de los dependientes del petróleo importado. Latitudes y altitudes, la abundancia de bosques, la amenaza de la desertificación o la dependencia de glaciares, son muchos los aspectos que marcan diferencias ante el cambio climático.

Los numerosos estados insulares luchan por la supervivencia y por eso, junto con los africanos amenazados por la desertificación y pérdidas agrícolas fatales, reclaman un límite de 1,5 grados para el calentamiento global en este siglo. Pasar ese umbral puede significar la muerte o el desplazamiento de pueblos enteros.

Pero, ¿de qué fuerza disponen esos países para contraponerse al límite de dos grados que se ha adoptado para frenar el aumento de la temperatura?

Aquí no se trata de imposiciones de los países ricos ni de una lucha de clases entre Estados. Estudios y evaluaciones científicas están dictando los objetivos a cumplir. El cambio climático consagró un nuevo poder absoluto, el de la ciencia, cuyas conclusiones pasan a determinar la vida de todos.

Algunos miles de científicos que participaron en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) consensuaron que dos grados de calentamiento hasta 2100 es el límite posible y tolerable. Más allá, sería el caos.

Los escépticos no cuentan. Son marginales y, en muchos casos, sospechosos de defender intereses del sector de los combustibles fósiles, o contrariados por el intento de evitar el gran desastre climático.

Ya han surgido manifestaciones contra ese dictamen de los investigadores climáticos, reclamando mayor participación de la sociedad en las decisiones, con sugerencias incluso de celebración de referendos. Pero es un campo en el que las premisas están fuera del juego “democrático”. El cambio climático es un dato, no un problema.

La política sólo puede decidir como manejar el fenómeno; cuestionarlo o modificar sus datos es competencia exclusiva de los científicos.

Esta nueva dimensión de lo que muchos denominan la “era del conocimiento” dictará reglas en muchas actividades, exigiendo eficiencia energética, y forzando cambios de consumo y de hábitos, como ya ocurre en el campo de la salud con el tabaco, por ejemplo.

* Corresponsal de IPS

LAGO AGRIO, ECUADOR, 14 dic (Tierramérica).- Las huellas del paraíso están todavía visibles. Desde el aire, la región selvática del norte de Ecuador, conocida como el Oriente, parece un tapiz de niebla plateada y franjas de intenso verde.

Pero bajo el manto de nubes y el dosel de los árboles, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando vapores al aire que queman la garganta. Las aguas residuales de estanques sin encofrar se traspasan a las aguas subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos.

Este paisaje de pesadilla es el legado de la corporación petrolera Texaco. Entre 1964 y 1990, Texaco (adquirida por Chevron en 2001) perforó alrededor de 350 pozos petroleros en una superficie de 2.700 millas cuadradas de selva de la Amazonia ecuatoriana.

La empresa obtuvo aproximadamente 30.000 millones de dólares en ganancias, mientras derramó deliberadamente 18.000 millones de galones de sopa tóxica, conocida como agua de producción -una mezcla de petróleo, ácidos y otros cancerígenos- que cayó a las corrientes donde seres humanos recogen agua para beber, pescan, nadan y se bañan.

En el proceso, Texaco construyó más de 900 fosos de fango de petróleo, muchos del tamaño de piscinas olímpicas. A diferencia de las piscinas, estos hoyos fueron cavados sin revestir la tierra. No se colocó ningún material impermeable para proteger el suelo y el veneno se escurrió al agua subterránea.

Yo había escuchado hablar durante años del “Chernobyl de Chevron en la Amazonia”. Pero nada me había preparado para el horror del que fui testigo durante mi visita de tres días a Ecuador.

Tuve en mis manos una libélula embadurnada de petróleo, que trataba de mover desesperadamente sus alas. Vi huellas de patas de cerdo en el barro al lado de inmundicias grasientas, donde los animales habían comido pasto contaminado, que pronto estará infectando a niñas, niños, mujeres, y hombres, que al comer carne de puerco terminarán consumiendo los desperdicios de Chevron.

Conocí a un hombre cuyos dos niños habían muerto después de nadar en el agua contaminada. Uno murió en menos de 24 horas. El otro se retorció en agonía durante seis meses.

Otro hombre tiene su vivienda ubicada sólo a unos metros de uno los pozos. Tiene diez hijos. Todos se han enfermado, algunos cubiertos de llagas. Sus gallinas y sus puercos murieron. Nada crece cerca de su casa.

Vi un pozo envenenado abandonado por Texaco en 1974, que nunca fue usado por otra compañía. Los ductos que salen de ese estanque contienen un líquido claro que fluye por ellos. Cuando acerqué el líquido a mi nariz, olía a gasolina. La cañería va directamente a un riachuelo cercano, que es la fuente principal de agua de consumo para la gente que vive en sus riberas.

Escuché historias aterradoras acerca del maltrato infligido por trabajadores de Texaco: mujeres violadas; chamanes llevados en helicóptero a alejadas cadenas de montañas para ver si lograban encontrar el camino para devolverse; indios a los que les dijeron que friccionarse petróleo en sus cabezas calvas les haría crecer cabello fuerte y largo; y camiones de la empresa que derramaron desechos de petróleo en las sendas donde la gente caminaba y sufría quemaduras causadas por la brea pegajosa expuesta a los calcinantes rayos del sol.

Este no es un asunto de sentimentalismo ecológico. Es un asunto de derechos humanos, de violaciones claras de los derechos de los indígenas ecuatorianos a la vida, la seguridad y la autodeterminación.

Cuando los petroleros de Texaco descendieron de sus helicópteros en la jungla a principios de la década de los 60, regalaron a los aborígenes pan, queso, platos y cucharas. Hasta hoy, esa es la única compensación que los grupos indígenas han recibido.

Nunca se les pidió permiso para que su tierra fuera horadada, antes de que los ejecutivos de Texaco negociaran un contrato con funcionarios del gobierno ecuatoriano.

Texaco sabía que había gente que podía morir por sus actividades, y la ignoró. De acuerdo con el último conteo, 1.400 niños, mujeres y hombres han muerto de enfermedades atribuidas directamente a la contaminación provocada por Texaco.

El índice de casos de cáncer en las comunidades afectadas por la actividad petrolera es 30 veces mayor que en cualquier otro lugar del país. Otros equipos médicos han documentado altas tasas de defectos congénitos, abortos, enfermedades de la piel y daños al sistema nervioso.

Dos grupos nómadas que habitaban la región, los tetetes y los sansahuari, han desaparecido. Lo que Texaco hizo podría calificarse penalmente como homicidio por negligencia.

Ahora, los grupos indígenas que quedan en el Oriente ecuatoriano -los cofán, siona, secoya, kichwa, y huaorani- han tomado en sus manos la lucha contra Chevron. Organizados a través del grupo de base Frente de Defensa de la Amazonia, están exigiendo, mediante una demanda colectiva sin precedentes, que Chevron arregle el daño que causó.

El proceso está en su año decimosexto. Chevron (cuya declaración de derechos humanos dice, “valoramos y respetamos la cultura y las tradiciones de las numerosas comunidades en las que trabajamos”) ha alargado una y otra vez los procedimientos para que el litigio se demore indefinidamente.

La evidencia de la maldad de Texaco está a la vista de todo el mundo. El año pasado, un cabildero de Chevron -cuya identidad no fue revelada- fue citado diciendo que la lección para Ecuador es que “nosotros no podemos permitir que países pequeños hostiguen a compañías grandes como ésta, empresas que han hecho grandes inversiones en el mundo”.

Como estadounidense, estoy horrorizada de que una corporación de nuestro país pueda tratar a personas inocentes con tal desprecio. Nosotros, consumidores, funcionarios elegidos, periodistas, activistas, y ciudadanos, debemos hacer que Chevron asuma la responsabilidad por sus acciones, y ver que se haga justicia.

Aquí en el Oriente, 45 años después de que Texaco taladró por primera vez el suelo y 16 años después de que los ecuatorianos empezaron su lucha por la justicia, las huellas del paraíso que todavía son visibles. No debemos permitir que desaparezcan.

* Kerry Kennedy, autora de Speak Truth to Power (Decir la Verdad al Poder) y fundadora del Centro de Derechos Humanos del Memorial Robert F. Kennedy. Excluida su publicación en Estados Unidos. Derechos exclusivos IPS.

BERLÍN, 14 dic (Tierramérica).- Desde que el premio Nobel de Economía James Tobin (1918-2002) propuso en 1972 el impuesto contra la especulación de divisas que lleva su nombre, el mismo ha resurgido y desaparecido varias veces.

Pero la actual crisis económica global derivada de la especulación inmobiliaria y bursátil en Estados Unidos y otros países industrializados, y la necesidad de financiar los enormes costos de la lucha contra el cambio climático constituyen el marco ideal para implementar ese gravamen.

En contraste con los esfuerzos previos de organizaciones no gubernamentales que adoptaron la idea de “arrojar un poco de arena en las bien engrasadas ruedas de la especulación”, como dijo Tobin en su propuesta inicial, ésta es apoyada por varios gobiernos de países industrializados, entre ellos Alemania, Francia, Gran Bretaña y Rusia.

El día 7, durante una reunión de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el canciller francés Bernard Kouchner propuso la “tasa Tobin” para financiar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo.

Kouchner dijo que el tributo debería discutirse y aprobarse en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrolla del 7 al 18 de este mes en Copenhague.

“Sería un gran beneficio” que se apruebe esta medida en la capital danesa, dijo Kouchner.

Según la idea original de Tobin, el impuesto, representado por una tasa marginal, debería cobrarse cada vez que se realizan intercambios de divisas, pero solamente en las transacciones especulativas de corto plazo.

En la propuesta de Kouchner, la tasa sería de 0,005 por ciento. “Nadie sufriría por ella, pues costaría apenas cinco centavos en una transacción de 1.000 dólares o euros”, dijo Kouchner.

Un estudio presentado en octubre de 2007 por el Instituto Norte-Sur, con sede en Ottawa, estimó que un impuesto de 0,005 por ciento sobre las transacciones de divisas generaría ingresos de por lo menos 35.000 millones de dólares anuales.

De acuerdo a estimaciones del gobierno brasileño, se necesitan unos 300.000 millones de dólares anuales para financiar políticas de adaptación y mitigación del cambio climático en los países en desarrollo. Otra estimación, de la Convención Marco, cifra las inversiones necesarias “en más de 100.000 millones de dólares anuales”, pero en un detalle enumera posibles inversiones de unos 170.000 millones de dólares en 2030.

La Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (Globe) estima las necesidades financieras derivadas del cambio climático en entre 28.000 y 67.000 millones de dólares anuales.

Según el Banco de Pagos Internacionales, en 2007 el volumen diario de comercio de divisas alcanzó unos 1.500 billones de dólares.

Esta suma contrasta con el comercio internacional de bienes y servicios, que según la Organización Mundial del Comercio representó ese año un poco más de 17 billones de dólares. Es decir, la especulación monetaria, que apunta a beneficiarse de fluctuaciones en el corto plazo en las tasas de cambio de las principales monedas del planeta, representa más de 90 por ciento del volumen del comercio de divisas. Aunque en los años 80 y 90 la propuesta de Tobin se discutió ocasionalmente en medios académicos, la creación un impuesto contra la especulación financiera fue rescatada del olvido por el mensuario francés Le Monde Diplomatique en diciembre de 1997, como reacción a la crisis financiera de la época, y que afectó particularmente a países de América Latina y Asia, y a Rusia.

Como consecuencia de esa propuesta, en 1998 se fundó en París la Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), para promover la creación del impuesto Tobin y emplear los fondos recolectados para financiar políticas de desarrollo en los países más pobres.

La propuesta de Tobin cobró actualidad en 1998, gracias a las actividades de ATTAC, de la que se distanció en 2001. Ese año el parlamento francés aprobó un impuesto de 0,1 por ciento contra la especulación, que según legisladores franceses podía recaudar hasta 50.000 millones de euros (casi 73.500 millones de dólares) diarios.

En 2004, el parlamento belga aprobó un impuesto similar. Pero ambas leyes entrarán en vigor solamente en el marco de una legislación europea global sobre el tema.

En noviembre de este año, el primer ministro británico Gordon Brown también propuso un impuesto contra la especulación. Durante una reunión del Grupo de los 20 (G-20) países más industrializados y emergentes, Brown apeló a la introducción de una “tasa de seguro o un impuesto sobre las transacciones financieras globales que refleje el riesgo sistémico” derivado de ellas.

Oficialmente, el gobierno de Alemania también apoya el impuesto, aunque algunos de sus ministros se opongan. Incluso el gobierno de Rusia, inicialmente contrario al gravamen, anunció a fines de noviembre su disposición a introducir un impuesto a las transacciones especulativas contra el rublo.

El impuesto de Tobin también es apoyado por Brasil y Venezuela, e incluso por especuladores profesionales, como George Soros. Pero el gobierno de Estados Unidos, cuyos principales funcionarios financieros son antiguos ejecutivos de fondos de inversión o de bancos, se opone al tributo.

* Corresponsal de IPS.

RÍO DE JANEIRO, 10 dic (IPS) - La delegación de Brasil busca mantener en la conferencia sobre cambio climático de Copenhague el papel de liderazgo que tuvo este país en las negociaciones sobre ambiente desde que acogió la llamada Cumbre de la Tierra en esta meridional ciudad en 1992.

El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula de Silva anunció el compromiso nacional voluntario de reducir entre 36 y 39 por ciento los gases de efecto invernadero para 2020. Pero respecto de 1990, como establece el Protocolo de Kyoto, significará un aumento de casi 21 por ciento.

Una delegación de casi 700 funcionarios de gobierno, activistas y empresarios están presentes en la capital danesa en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 15) representando a Brasil, cuya población es la que en proporción más se ha manifestado preocupada por el recalentamiento global.

La encuesta del estadounidense Centro de Investigación Pew indicó que 90 por ciento de los consultados respondieron estar muy preocupados por el aumento de la temperatura de la Tierra y 79 por ciento de ellos dijeron estar dispuestos a sacrificar crecimiento económico y empleos a favor del cuidado ambiental.

Brasil puede ser considerado una “sociedad con bajo nivel de carbono”, sostuvo José Miguez, coordinador de la Comisión Interministerial de Cambio Climático, en entrevista a IPS desde Copenhague, al explicar la posición de Brasil en las negociaciones.

IPS: ¿Además de las metas voluntarias en emisiones de gases invernadero, que otras contribuciones lleva Brasil a Copenhague para justificar su liderazgo?

JOSÉ MIGUEZ: El liderazgo brasileño viene desde la firma de la Convención sobre Cambio Climático en Río de Janeiro en 1992.

Algunos ejemplos lo comprueban. Son brasileñas la propuesta que se adoptó en 1997 en Kyoto, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), la negociación en dos carriles, la Convención y Protocolo adoptados en 2007 en Bali, el mecanismo de Reducción de Emisiones resultantes de la Deforestación y Degradación forestal (REDD) en 2006.

También lo es la reciente proposición, en el ámbito del carril de la Convención, de Acciones de Mitigación Adecuadas al Contexto Nacional para países en desarrollo (NAMA, en siglas inglesas), que buscan destrabar las negociaciones en Copenhague.

En junio, Brasil encabezó en Bonn la propuesta oficial, que congregó otros 36 países en desarrollo, por una reducción de 40 por ciento en las emisiones (de gases invernadero) de los países desarrollados para 2020, respecto del nivel de 1990.

Además, Brasil tiene una matriz energética limpia, por la sustancial generación de hidroelectricidad, el uso de biocombustibles en los transportes y de carbón vegetal proveniente de la reforestación en la siderurgia, y se hizo un gran esfuerzo de reducción de la deforestación.

Adicionando los más de 400 proyectos MDL que redujeron en siete por ciento las emisiones brasileñas no forestales, el esfuerzo ya alcanza a 30 por ciento de merma respecto de 1990.

Ningún país industrializado hizo un esfuerzo comparable de mitigación. Los proyectos MDL prácticamente eliminaron todas las emisiones de óxido nitroso del sector industrial y 55 por ciento de las de metano en rellenos sanitarios registradas en 1990.

IPS: ¿En que Áreas prevé mayores dificultades para cumplir la meta de 2020?

JM: Es importante aclarar que los compromisos cuantificados de reducción de las emisiones, las llamadas metas, corresponden por el Protocolo de Kyoto a los países industrializados.

Las acciones NAMA se insertan en el ámbito de la Convención y en el Plan de Acción de Bali, como medio de fortalecer las acciones de los países en desarrollo, y no en el contexto del Protocolo, que tiene efectos vinculantes. Representan desviaciones sustanciales en las emisiones en el escenario, distintas de las metas de los países ricos.

Así el objetivo voluntario anunciado por el gobierno brasileño, de una disminución de 36 a 39 por ciento hasta 2020.

Sus acciones dependerán de lo que sea acordado en Copenhague sobre NAMA. Se necesitará un amplio debate con la sociedad brasileña, principalmente después que tengan su regulación negociada internacionalmente. Seguramente contener la deforestación será la principal contribución de Brasil para mitigar el cambio climático.

IPS: ¿Pero la economía de bajo carbono que se busca no contradice la política oficial de crecimiento económico, concebida en términos tradicionales, con ocupación amazónica, expansión de carreteras, industria automovilística y consumo energético?

JM: Lo importante es que el crecimiento se haga con cambios resultando una menor intensidad de emisiones por unidad del producto interno bruto (PBI). Se puede crecer mucho incrementando la productividad y la eficiencia energética.

En Brasil hay mucha tierra degradada y pastizales de baja productividad. Además, dependiendo del concepto usado, se pude afirmar que este país ya tiene una economía de bajo carbono.

Históricamente posee una industria de bajas emisiones de gases invernadero y condiciones para mantener o incluso ampliar la participación de fuentes renovables en la matriz energética, que en 2008 era de 45,4 por ciento del total, en comparación con 13 por ciento de promedio mundial y de sólo siete por ciento de media entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La expansión del transporte de carretera no aumenta necesariamente las emisiones, ya que se hace con mayor uso de biocombustibles.

IPS: La Cumbre Amazónica del 26 de noviembre, que buscó concertar posiciones para Copenhague, solo contó con presidentes de Brasil, Guyana y Francia. ¿Este país se alejó de América Latina en la cuestión climática?

JM: En la conferencia sobre cambio climático, los países en desarrollo negocian como bloque en el Grupo de los 77 más China que reúne 134 países (en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas). No hay posición separada de América Latina.

(FIN/2009)

COPENHAGUE, 7 dic (Tierramérica).- América Latina llega a Copenhague con la intención de que el Norte rico pague su deuda climática obligándose a reducir gases contaminantes y proveyendo recursos al Sur en desarrollo. Pero, ante los riesgos de que esta estrategia fracase, nadie descarta aceptar al menos compromisos políticos.

El propósito latinoamericano es que en la capital danesa se adopte un acuerdo legalmente vinculante, pero la región no rechaza la idea de sumarse a un eventual pacto político que establezca reducciones voluntarias de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del recalentamiento planetario.

Todo se dirimirá en la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-15), que desarrolla desde el 7 hasta el 18 de este mes en la capital danesa.

En la “cumbre del clima” se debería adoptar un nuevo régimen de reducción de emisiones más allá de 2012, cuando venza el primer período de compromisos del Protocolo de Kyoto, único instrumento internacional contra este problema ambiental.

En vigor desde 2005, el Protocolo no establece disminuciones obligatorias de GEI a los países en desarrollo.

América Latina en su conjunto es responsable de apenas cinco por ciento de las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales gases causantes del recalentamiento planetario, pero es una de las regiones más vulnerables al cambio climático.

La región ya experimenta sequías, inundaciones, derretimiento de glaciares, aumentos de temperaturas, nuevas plagas agrícolas y enfermedades, como detalla el Primer Informe Regional sobre Cambio Climático, publicado en noviembre por Tierramérica en base a consultas con 23 especialistas latinoamericanos.

“Todos los países de América Latina y el Caribe, incluido Chile, estamos buscando un acuerdo jurídicamente vinculante”, dijo a Tierramérica el director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile, Álvaro Sapag, quien integra la delegación de este país austral a Copenhague.

“En el estado actual de la discusión, pensando que estos acuerdos deben construirse por consensos, probablemente no vamos a salir de Copenhague con un texto jurídicamente vinculante que puedan firmar los jefes de Estado”, acotó.

El secretario (ministro) de Medio Ambiente de México, Juan Elvira, comparte esta percepción. “Iríamos por un acuerdo legal, con metas muy bien definidas, pero no descartamos como última línea de negociación un acuerdo político”, planteó a Tierramérica.

“No pierdo las esperanzas, pero no es un tema fácil”, sostuvo Sapag, quien espera, en el último de los casos, “un acuerdo político robusto, que permita en un periodo corto afinar los detalles para tener otro jurídicamente vinculante”, posiblemente en la COP-16 de diciembre de 2010 en México.

Las esperanzas mundiales de que en Copenhague se adopte un firme y ambicioso acuerdo revivieron cuando China y Estados Unidos, los dos mayores contaminantes, anunciaron recortes voluntarios de GEI para 2020, tomando como referencia los volúmenes de 2005.

Según la lectura del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la decisión de su país de disminuir voluntariamente entre 36,1 y 38,9 por ciento de sus emisiones de GEI hacia 2020, en buena medida frenando la deforestación de la Amazonia, movilizó a las naciones que “se resistían a presentar números”.

Varios países latinoamericanos adelantaron que en la COP-15 se mantendrán en las posturas del Grupo de los 77 y China (G-77), integrado por 130 naciones en desarrollo.

El G-77 insiste en la primacía del principio de las “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”, consagrado en la Convención y en el Protocolo, y que implica dejar el mayor peso de la mitigación a las naciones ricas, principales emisoras de gases contaminantes en la era industrial.

Además, este grupo negociador exige al Norte que contribuya con financiamiento y tecnología para que las naciones pobres puedan hacer frente a los dañinos efectos del cambio climático y buscar formas de desarrollo que emitan menos gases invernadero.

Pero la postura de América Latina no es monolítica.

“Yo diría que hay una opinión única en ciertos temas, como las ‘responsabilidades comunes, pero diferenciadas’ y en la necesidad de muchos recursos para mitigación y adaptación en los países en desarrollo y la responsabilidad histórica” de las naciones industriales, resumió Sapag.

Los gobiernos de la región están alerta ante el riesgo de que, por cuenta del cambio climático, se erijan barreras a la exportación de sus productos.

“Hay países de América Latina que no aceptan instrumentos de mercado como una herramienta que contribuya a la reducción de gases de efecto invernadero, mientras que otros los aceptan. Algunos quieren que todas las acciones sean reportables, medibles y verificables, y otros que sólo sean voluntarias para los países en desarrollo”, describió.

México, que arroja a la atmósfera 715 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, pretende bajar voluntariamente 50 millones de toneladas para 2012, aunque aclaró que asumiría una disminución obligatoria a largo plazo sólo si recibe fondos y tecnología.

En la Cumbre Iberoamericana que concluyó el 1 de este mes en Estoril, Portugal, el presidente mexicano Felipe Calderón sostuvo que los países ricos tienen la principal responsabilidad, pero añadió que la tarea no puede recaer exclusivamente en ellos, porque tarde o temprano “todos pagaremos la inacción”.

Calderón reiteró en Portugal su propuesta de crear un nuevo Fondo Mundial contra el Cambio Climático (”Fondo verde”), de unos 140.000 millones de dólares, al que cada país contribuiría de acuerdo con su economía y su responsabilidad ambiental.

Aunque ya existe un Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto, México considera que su propuesta garantizaría mayor dinamismo a los esfuerzos de adaptación y mitigación.

Argentina propone dos juntas ejecutivas que tengan asociados fondos públicos de países industrializados en el ámbito de la Convención sobre el Cambio Climático –no del Protocolo– que se integren con un porcentaje del producto interno bruto, que puede oscilar entre 0,5 y uno por ciento.

Buenos Aires también ha insistido en la necesidad de “una transición justa” en el desarrollo sustentable para que la reducción de emisiones no implique impacto en el empleo.

Mientras, Venezuela parece mostrar una postura definida: el Norte industrializado tiene la responsabilidad histórica y debe actuar primero.

“Nos manejamos sobre la base de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Si soy un gran emisor de gases de efecto invernadero, mi responsabilidad es diferente a quien no aporta o comienza a aportar”, afirmó el viceministro de Ordenación y Administración Ambiental del Ministerio de Ambiente de Venezuela, Sergio Rodríguez.

“Estados Unidos es el país que ha almacenado mayor cantidad de dióxido de carbono históricamente en la atmósfera. No es posible que haya auxiliado a los bancos y a las grandes automotrices, pero no pueda disponer de recursos para atender el cambio climático”, señaló en una reunión sobre el tema con otros funcionarios.

Según Rodríguez, el gobierno de Hugo Chávez se plegará en Copenhague a la posición del G-77, al igual que Argentina.

“No tenemos un peso propio como país emisor y tampoco pisamos fuerte en esta negociación”, dijo a Tierramérica el director de Cambio Climático de la secretaría de Ambiente de Argentina, Nazareno Castillo.

Otros países, como Uruguay y Chile, no han anunciado metas concretas de reducciones de emisiones GEI, pero sí han validado las Acciones de Mitigación Nacionales Apropiadas (NAMAs, según sus siglas en inglés), entre las que se incluyen programas de eficiencia energética y la introducción de energías renovables no convencionales.

Para el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Carlos Colacce, este pequeño país sudamericano de 3,3 millones de habitantes ha adoptado una “posición novedosa” ante la cumbre de Copenhague, porque si bien apoya la postura del G-77, está tomando medidas propias para reducir sus emisiones de GEI, “aún sin recibir fondos de los países desarrollados para realizar esta tarea”.

* Con aportes de Marcela Valente (Buenos Aires), Mario Osava (Río de Janeiro), Emilio Godoy (México) y Humberto Márquez (Caracas).

MONTEVIDEO, 30 nov (Tierramérica).- Un seguro de riesgo compartido para catástrofes en el Caribe podría constituirse en modelo de estrategia colectiva para afrontar desastres naturales causados por el cambio climático, dijo a IPS John Nash, economista principal del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Nash fue uno de los expertos entrevistados por Tierramérica para la elaboración del “Primer Informe Regional sobre Cambio Climático - América Latina ante los efectos irreversibles de un planeta más caliente”, presentado este mes en Montevideo. El siguiente es un resumen de esa entrevista.

TIERRAMÉRICA: ¿Existen planes regionales de contingencia o sistemas de alerta temprana para abordar los eventos climáticos extremos en la región?

JOHN NASH: Bajo los auspicios del Banco Mundial, se implementó el Seguro de Riesgo Compartido para Catástrofes en el Caribe (CCRIF por sus siglas en inglés). Éste permitirá que los países participantes de la región tengan un acceso inmediato a dinero en efectivo si son azotados por un huracán o un terremoto.

Compartir el riesgo permitirá a los 18 países participantes ahorrarse aproximadamente 40 por ciento del pago de sus primas individuales.

Hay trabajos exploratorios para crear una entidad similar para los países de América Central. También hemos trabajado con países de la región para crear o mejorar sus sistemas de seguros agrícolas meteorológicos, y para desarrollar capacidades para aliviar parte del riesgo en los mercados internacionales de reaseguros, lo que será útil para mitigar los impactos de los cambiantes patrones meteorológicos sobre la producción agrícola.

Desafortunadamente, en varios países la infraestructura para controlar el estado del tiempo se ha deteriorado con los años. Esto tendrá que ser corregido, lo que requerirá inversiones y habrá que profundizar en los mercados locales de seguros.

TIERRAMÉRICA: ¿Hay intercambios de información, bases de datos compartidas o acciones conjuntas entre países para una adaptación temprana de las manifestaciones más serias del cambio climático?

JN: Los ejemplos más claros son el CCRIF y el trabajo en curso para evaluar los riesgos de catástrofes en América Central.

TIERRAMÉRICA: ¿Cuál es el impacto actual del cambio climático en el sector agrícola y cuáles son las medidas más factibles de adaptación y mitigación?

JN: A causa de la variabilidad inherente a la meteorología, es difícil atribuir al cambio climático los eventos específicos que afectan hoy a la agricultura. Pero está claro que, como la productividad agrícola depende mucho del estado del tiempo, éste será uno de los sectores más afectados por el cambio climático. Es probable que los impactos varíen mucho de una región a otra, y algunas regiones templadas como el Cono Sur pueden experimentar un aumento en sus rendimientos con aumentos moderados de temperatura.

Pero si éstas siguen subiendo, la productividad caerá inclusive en esas regiones. A largo plazo, las pérdidas de ingresos proyectadas a 2100 para América Latina van de 12 por ciento, en un escenario de cambio climático leve, a más de 50 por ciento en un contexto más severo y a pesar de que los agricultores hayan adoptado medidas para minimizar el daño.

Las respuestas necesarias para la adaptación serán específicas de cada lugar. Pero un estudio reciente concluyó que quienes integran entornos productivos muy diferentes generalmente priorizan medidas similares: innovaciones tecnológicas, mejor manejo hídrico, mejores sistemas de información climática y un sistema integrado de los recursos naturales y la producción.

A fin de reducir las emisiones, la prioridad para América Latina y el Caribe es disminuir la deforestación y la degradación forestal, buena parte de ellas causadas por la expansión de las áreas agrícolas, que representan 46 por ciento de las emisiones de la región.

Las oportunidades de mitigación abarcan tres categorías amplias. Primero, reducir las emisiones de los flujos de dióxido de carbono, metano, dióxido de nitrógeno y otros gases de efecto invernadero en la agronomía y un mejor manejo del ganado.

Segundo, potenciar el almacenamiento de carbono en los suelos o las coberturas vegetales, con medidas como cultivos de conservación y restauración de tierras degradadas. Y tercero, desplazar emisiones a través de reservas de bioenergía y evitando cultivar nuevas tierras hoy ocupadas por bosques u otras coberturas vegetales.

TIERRAMÉRICA: ¿Se está adoptando alguna de estas medidas?

JN: La mayoría de los países están evaluando sus políticas. Y algunos, como México, están en una etapa bastante avanzada del desarrollo de una estrategia operativa. Muchas organizaciones internacionales –entre ellas el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Banco Interamericano de Desarrollo– apoyan activamente estos esfuerzos. En cuanto a la adaptación agrícola, empresas privadas llevan a cabo muchas investigaciones para desarrollar tecnologías de producción y variedades de semillas resistentes al calor y a las sequías. La red internacional de investigación –los centros del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional– también está centrando su trabajo en esta área.

Para reducir las emisiones derivadas de la deforestación, países como Brasil, Costa Rica y México asumen sus propios esfuerzos. Otros participan en el Asociación para el Carbono Forestal del Banco Mundial.

En cuanto a usar la agricultura para reducir las emisiones, Brasil es famoso como pionero en la producción sustentable de etanol a partir de la caña de azúcar.

TIERRAMÉRICA: ¿Qué medidas debería adoptar la región para modificar el modelo energético a fin de mitigar el cambio climático?

JN: Reevaluar la expansión de la energía hidroeléctrica y volver más eficiente la generación y el uso de energía en general. Alentar el cambio hacia técnicas de ahorro, por ejemplo mediante normas de etiquetado de eficiencia, estándares y promoción en el sector industrial. También se necesita mejorar ambos extremos de la cadena de oferta y demanda de energía.

* Corresponsal de IPS.

MONTEVIDEO, 23 nov (Tierramérica).- “Con una metáfora futbolística, tan del agrado de los políticos brasileños, el Protocolo de Kyoto fueron los 10 minutos de calentamiento antes de que comience el juego verdadero”, ironizó el científico Carlos Nobre.

“El juego de verdad debe comenzar ahora, aunque haya muchos que quisieran quedarse indefinidamente en la fase de calentamiento”, abundó el brasileño Nobre, uno de los autores de los informes de 1990, 2001 y 2007 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que obtuvo en 2007 el premio Nobel de la Paz.

Esas opiniones de Nobre aparecen, junto con las de otros 22 destacados especialistas, en el “Primer informe regional sobre cambio climático - América Latina ante los efectos irreversibles de un planeta más caliente“, publicado por Tierramérica el 19 de este mes en Montevideo.

Nobre, jefe del Centro de Ciencia Terrestre del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, se refería a la urgente necesidad de que los gobiernos alcancen algún acuerdo firme para abatir la contaminación causante del cambio climático, en la reunión que se celebrará en diciembre en Copenhague.

En la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se discutirá el futuro del Protocolo de Kyoto, único instrumento internacional que obliga a la reducción de gases que recalientan la atmósfera, y un nuevo marco mundial para hacer frente a la transformación del clima.

El resultado del cuestionario que Tierramérica sometió a los expertos refleja el escepticismo predominante ante los resultados que arroje la conferencia de Copenhague.

Mientras tanto unos “600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe experimentan de manera dramática los efectos del cambio climático, con sequías, inundaciones, derretimiento de glaciares, aumentos de temperatura, nuevas plagas agrícolas y enfermedades”, afirma el texto de 40 páginas, disponible en formato electrónico en en el sitio web de Tierramérica.

La región contribuye poco a la contaminación climática, pero se muestra muy vulnerable a sus efectos.

El impacto más dañino es el aumento de la variabilidad climática, según las respuestas obtenidas. Once de los 12 años transcurridos entre 1995 y 2006 figuran entre los más cálidos en los registros existentes de la temperatura mundial desde 1850.

La temperatura de la capital de México “aumentó más de cuatro grados desde inicios del siglo XX”, confirmó Fernando Tudela, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de ese país.

Las variaciones más o menos bruscas –sequías, lluvias excesivas, alteraciones en los períodos de heladas o granizos– impactan en la agropecuaria, que va perdiendo su capacidad de adaptación, y agrava la pobreza de la población que depende de la actividad agrícola, señala el informe.

Según simulaciones trazadas hasta 2100, América Latina y el Caribe podrían sufrir una pérdida de ingresos agropecuarios de 12 por ciento, en un escenario de cambio climático leve, o de 50 por ciento, en un escenario más grave.

Varios entrevistados advirtieron que son los propios agricultores quienes relatan las transformaciones del clima.

Los patrones climáticos alterados “los reconocen la inmensa mayoría de los agricultores andinos, que son grandes observadores del clima, pues de ello dependen sus cultivos y sobrevivencia”, dijo el antropólogo peruano Jorge Recharte, director del Programa Andino de The Mountain Institute.

Sin embargo, incluso en el terreno los diagnósticos, América Latina está indefensa.

“Para determinar el impacto en la agricultura se necesitan bases de datos confiables de clima y de producción agropecuaria, y que abarquen períodos extensos, entre 80 y 100 años. En la región, muy pocos países tienen ese tipo de registros”, sostuvo Walter Baethgen, director del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Investigaciones para el Clima y la Sociedad de la estadounidense Universidad de Columbia.

El Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe sugiere generar información climática en la planificación agrícola, mejorar las técnicas de riego y siembra (incluyendo la eliminación de pesticidas), optimizar el uso del suelo y establecer planes de acción basados en estudios de vulnerabilidad, priorizando medidas concretas y considerando a todos los sectores involucrados.

Es difícil que los países, en especial los más pequeños y pobres, puedan abordar estas estrategias en forma aislada.

El peruano José Marengo, de extensa carrera científica en Brasil, advirtió que en la región “no hay una acción coordinada de intercambio o de compartir información climática, hidrológica, y no hay esfuerzos comunes organizados entre países para enfrentar el cambio climático”.

La veterinaria y experta en sociología rural Edith Fernández-Baca Pacheco, de Perú, abundó que “los planes de contingencia a nivel regional o sistemas de alerta para hacer frente a eventos extremos, si los hay, son muy incipientes”.

La agricultura regional debe hacer también su aporte a la mitigación del cambio climático, reduciendo el dióxido de carbono liberado por la tala de bosques y el metano de la ganadería.

El gobierno de Brasil dio un paso en esa dirección el 13 de este mes, al anunciar su compromiso de reducir entre 36,1 y 38,9 por ciento las emisiones de gases invernadero que produciría en 2020 si se mantuvieran las tendencias actuales, con un crecimiento del producto interno bruto de entre cinco y seis por ciento al año, respectivamente.

Otra manifestación dramática es el acelerado derretimiento de glaciares, una de las fuentes de agua dulce más importantes del planeta.

En 2004, el nevado del Chacaltaya, una montaña de 5.300 metros de altura que custodia la ciudad boliviana de La Paz, “perdió una de las pistas de hielo más altas del planeta”, afirma el informe. Aunque los científicos preveían su completo derretimiento para 2013, este año ya no queda hielo en su cumbre.

El deshielo pondrá en peligro el abastecimiento de agua de muchas ciudades andinas.

Para el doctor en meteorología Marengo, uno de los redactores de informes del IPCC, las alternativas al abastecimiento hídrico de los glaciares –desalinización del agua de mar, perforación de pozos o integración de cuencas mediante obras de ingeniería– son demasiado costosas.

Además, “los países andinos son muy dependientes de la energía hidroeléctrica” y varias centrales necesitan requieren el agua de los glaciares, sobre todo en la estación seca, apuntó el economista principal del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, John Nash.

América Latina también siente otros efectos del calentamiento que podrían ser irreversibles, como la sabanización de la Amazonia, el deterioro y pérdida de los manglares, el aumento del nivel del mar y la pérdida de la línea costera.

Otra evidencia es la propagación de vectores de enfermedades hacia zonas que no constituían su hábitat natural, como el mosquito Anopheles, transmisor del paludismo, que se expande desde zonas tropicales “a menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar”, hacia áreas por encima de los 2.000 metros de altura.

La biodiversidad está asimismo bajo presión. Un aumento de entre tres y cuatro grados en los próximos 50 años “será la causa principal de la potencial muerte de los bosques amazónicos”, afirma el informe. Aun con escenarios de emisiones de gases relativamente bajas, regiones como América Central y los Andes experimentarán una rotación de especies de más de 90 por ciento, advierte el Compendio.

Mario Bidegain, de la Unidad de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de la República de Uruguay, puso el acento en las incertidumbres.

“Aún se discute a nivel científico si alcanzar un incremento de la temperatura de más de dos grados centígrados no daría lugar a un nuevo estado de equilibrio del sistema climático que podría hacer desaparecer del planeta a gran parte de la población humana”, advirtió.

* Corresponsal de IPS.

NACIONES UNIDAS, 18 nov (IPS) - Un informe de la ONU sobre cambio climático plantea una nueva perspectiva humana en relación a un debate que se ha centrado sobre todo en la eficiencia energética y en las emisiones industriales de carbono.

El cambio climático es mucho más que emisiones de gases de efecto invernadero, señala el estudio presentado este miércoles por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). También es la dinámica demográfica, la pobreza y la igualdad de género.

“A medida que la velocidad del crecimiento demográfico, de las economías y del consumo superen la capacidad de ajuste de la Tierra, el cambio climático podría tornarse mucho más extremo y, posiblemente, catastrófico”, advierte el “Estado de la Población Mundial 2009″.

La directora ejecutiva del UNFPA, Thoraya Ahmed Obaid, destacó que el daño ambiental es “uno de los riesgos más injustos de nuestro tiempo”.

“La huella de carbono de miles de millones de personas más pobres sobre la Tierra es de tres por ciento del total mundial, aunque son los pobres, especialmente las mujeres pobres, quienes soportarán la desproporcionada carga del cambio climático”, dijo.

En un contexto de aumento de la población mundial –que se acerca a 7.000 millones de personas–, cada vez hay más evidencias de que el cambio climático es consecuencia, principalmente, de la actividad de las personas.

“La influencia de la actividad humana sobre el clima es compleja; atañe a lo que consumimos, al tipo de energía que producimos y utilizamos, a si vivimos en la ciudad o en una granja, o en un país rico o pobre, a si somos jóvenes o viejos, a lo que comemos e incluso a la medida en que las mujeres y los hombres disfrutan de igualdad de derechos y de oportunidades”, señala el informe.

El estudio fue difundido poco antes de la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar del 7 al 18 de diciembre en Copenhague.

Un acuerdo internacional que ayude a reducir las emisiones de gases invernadero y que aproveche la perspectiva y la creatividad de mujeres y hombres servirá para lanzar una estrategia mundial efectiva a largo plazo para abordar el cambio climático.

Pero en una cumbre de líderes mundiales realizada la semana pasada en Singapur se decidió apostar solamente a un acuerdo “políticamente vinculante” en Copenhague, y olvidarse del tratado legalmente vinculante, tal vez hasta una futura cumbre del año próximo en México.

Consultado sobre el cambiante escenario político, Richard Kollodge, editor del estudio del UNFPA, dijo a IPS: “Ya sea que la conferencia de Copenhague tenga o no como resultado un tratado ratificable sobre cambio climático, el proceso de trabajar para un acuerdo global que estabilice el clima y afronte los impactos continuará” por mucho tiempo.

El UNFPA seguirá promoviendo el empoderamiento de las mujeres, mediante la educación de las niñas y un mayor acceso a salud reproductiva y planificación familiar voluntaria, agregó.

Kollodge también dijo que este informe tendrá relevancia más allá de Copenhague.

Al dirigirse a los presentes en la última cumbre de la ONU sobre cambio climático, en septiembre, la presidenta finlandesa Tarja Halonen se centró en la perspectiva de género. “Sabemos que el cambio climático golpeará más seriamente a las regiones más pobres y a los grupos humanos más débiles”, dijo.

Alrededor de 70 por ciento de los pobres del mundo son mujeres, y ellas son quienes más sufrirán los efectos del cambio climático, agregó.

“Al ayudar a las mujeres a sobrevivir en sus ámbitos cotidianos, podemos promover los objetivos generales del desarrollo sostenible”, planteó.

Halonen también señaló que las mujeres serán poderosas agentes en la mitigación del cambio climático. “Necesitamos garantizar la participación plena y activa de las mujeres, tanto en la redacción como en la implementación del nuevo acuerdo”, dijo.

Obaid dijo que el estudio del UNFPA muestra que las mujeres tienen el poder de movilizarse contra el cambio climático, pero este potencial puede concretarse solamente mediante políticas que les den poder.

Ampliando el debate, el informe señala que el cambio climático atañe a los seres humanos. “Las personas causan el cambio climático. Las personas son afectadas por el cambio climático. Las personas deben adaptarse a él; y solamente las personas tienen el poder de contrarrestarlo”, sostiene. La influencia del cambio climático sobre la gente es descrita como “compleja”, ya que dispara las migraciones, destruye los medios de sustento, altera las economías, debilita el desarrollo y exacerba las desigualdades entre los sexos, agrega.

El estudio lista varios riesgos relativos al cambio climático. Para 2075, entre 3.000 y 7.000 millones de personas pueden enfrentar una escasez crónica de agua, y es posible que uno de cada seis países padezcan una escasez alimentaria cada año a causa de sequías severas.

Además, 30 por ciento de las especies de plantas y animales pueden extinguirse si el aumento de las temperaturas globales supera los 2,5 grados.

Pero, según las estimaciones actuales, la temperatura mundial promedio puede aumentar incluso 6,4 grados para fines de este siglo.

Y en el mismo lapso el nivel del mar puede elevarse hasta 43 centímetros, amenazando la existencia misma de los pequeños estados insulares. (FIN/2009)

TORONTO, nov (IPS) - El paquete de incentivos creado por el gobierno de la provincia canadiense de Ontario para garantizar precios altos a quienes provean electricidad de fuentes limpias busca atraer a grandes inversores internacionales a una de las regiones más pobladas de este país.

Con el sistema de tarifas de alimentación, similar al empleado en Europa para estimular la inversión en fuentes de energía renovables, esta sudoriental provincia aparece como un mercado brillante en un momento en que la recesión y la menguante demanda de electricidad debilitaron las posibilidades en el resto del continente.

Se trata de un sistema en el que el Estado se compromete a comprar la energía generada a precios superiores a los del mercado por un período suficientemente largo para compensar las inversiones privadas en las nuevas fuentes y asegurar ganancias.

“Quiero que los otros gobernadores digan ‘por qué no pensamos en eso y por qué no lo implementamos antes’”, declaró el primer ministro de Ontario, Dalton McGuinty, cuando anunció el programa de incentivos en septiembre.

El gobierno liberal de McGuinty explica que promueve la energía verde para combatir el cambio climático. Además, necesita fuentes adicionales para cumplir con su promesa de cerrar para fines de 2014 las últimas cuatro plantas de generación eléctrica a carbón de Ontario, principales responsables de las emisiones de dióxido de carbono y de la contaminación del aire.

La búsqueda de alternativas limpias se hizo más urgente en la primavera boreal pasada cuando el aumento de precios obligó a suspender los planes de ampliar la generación de electricidad con energía nuclear.

“Estamos ilusionados de que el gobierno siga adelante con su promesa de convertir a Ontario en líder mundial en energías renovables”, señaló una coalición de organizaciones ambientales locales e internacionales poco después del anuncio de McGuinty.

“Ontario emerge rápidamente como un líder mundial con políticas que compiten con las superpotencias en materia de energías renovables de Europa y otras partes”, señaló el legislador alemán Hermann Scheer, uno de los responsables del auge de alternativas verdes a partir de incentivos.

Más importante que las consideraciones ambientales son las económicas. El gobierno local trata de conseguir inversiones en fuentes renovables, en especial para el desarrollo de la alternativa eólica, a fin de reemplazar los puestos de trabajo que pierde la industria automotriz, hasta hace poco el sustento de la economía provincial.

El paquete insumirá mucho dinero. La estatal Autoridad de Electricidad de Ontario pagará precios por encima del valor de mercado, sostenidos durante 20 años, además de contemplar proyectos de energía solar, sin límite de producción, salvo por la capacidad de transmisión de la red de tendido eléctrico de la provincia.

La iniciativa incluye 2.100 millones de dólares para mejorar el vetusto sistema de transmisión y contiene una norma interna para fomentar que los inversores compren servicios y equipos, a fin de atraer fabricantes de turbinas y otras industrias.

Ontario tiene una capacidad de energía eólica instalada de unos 1.100 megavatios y casi 500 más en desarrollo. Es una de las más altas en Canadá, pero baja comparada con líderes mundiales como Alemania, China, España y Estados Unidos, que juntos concentran tres cuartos de la producción mundial de 121.000 megavatios.

También es una ínfima proporción en relación con los 34.000 megavatios generados a partir de la energía nuclear, hidroeléctrica y a base de carbón.

La alternativa eólica dominará la nueva producción subsidiada. Los generadores con turbinas en tierra firme recibirán 13,5 dólares por cada kilovatio-hora que transmitan a la red eléctrica. Los que se ubiquen en uno de los cuatro Grandes Lagos limítrofes de Ontario recibirán 19 centavos.

Las tarifas residenciales se ubican entre 5,6 o 6,5 centavos, según el consumo. El precio promedio al por mayor asciende a unos tres centavos.

El programa reemplaza dos esquemas fallidos. El primero pagaba una suerte de incentivo a los proyectos que generaran menos de 10 megavatios. Las instalaciones solares recibían 42 centavos por kilovatio-hora y las otras fuentes renovables, 11,2 dólares.

El segundo era para grandes proveedores, que debían ofertar un suministro limitado, un proceso que no sólo era caro e inseguro, sino que mantenía los precios por debajo de 10 centavos.

“Ontario quiere el negocio de energías verdes”, declaró el ministro del sector, George Smitherman, al anunciar el paquete de incentivos.

Las nuevas normas “permitirán garantizar a la industria y a las municipalidades la creación de nuevos empleos, que la inversión ya esté comprometida y que la energía renovable crezca en toda la provincia”.

La estrategia parece dar resultados.

“Hubo gran interés entre los inversionistas y muchos interesados que antes no estaban en el mercado”, señaló Tim Stephure, analista de investigación de mercado de la Consultora de Energía Eólica de América del Norte, con sede en la ciudad de Cambridge, en el nororiental estado estadounidense de Massachusetts.

La tarifa es “muy competitiva, en especial comparada con otros mercados de América del Norte”, señaló. “Es muy atractiva”, añadió.

“Ontario concitó gran interés de la industria, no sólo en Canadá, sino también en el exterior”, señaló Robert Hornung, presidente de la Asociación de Energía Eólica de Canadá, con sede en Ottawa.

“Hay una competencia tremenda para garantizar puestos de trabajo e inversiones y Ontario envió un mensaje claro: ‘queremos competir’”, añadió.

La lluvia de solicitudes para invertir en aguas abiertas, donde la capacidad estimada es de 35.000 megavatios, obligó al gobierno a interrumpir el llamado, al menos hasta la próxima primavera boreal.

Están llegando grandes inversionistas y algunos compran compañías más pequeñas. Por ejemplo, Corporation TransAlta, con sede en Calgary, adquirió hace poco Canadian Hydro Developers Inc., de la misma ciudad de la sudoccidental provincia de Alberta, que tiene previsto emprender un gran proyecto en el lago Erie.

Pero a la industria le siguen preocupando algunos asuntos.

A los pocos días de anunciar el nuevo plan, Smitherman ordenó que se reservaran 500 megavatios de capacidad de transmisión a los inversionistas que firmaran “acuerdos marco” con la provincia.

El gobierno no dio detalles, pero la medida apunta a recompensar a las compañías que accedan a construir fábricas y a crear puestos de trabajo en la provincia.

La primera en la lista parece ser la compañía surcoreana Samsung Group, que pretende vender turbinas desde Ontario al resto de América del Norte.

La creación de empleo es un objetivo digno, pero los inversionistas cuestionan las restricciones para acceder al tendido eléctrico y, lo más importante, se preguntan qué otros cambios están previstos, indicó Stephure, de la Consultora de Energía Eólica de América del Norte.

La orden de Smitherman “transmitió una señal que de alguna manera no augura nada bueno para el resto de la industria”, explicó. Ontario “fijó normas que deben regir para toda la industria, pero ya está haciendo salvedades. Normas estándares y de seguridad son importantes”, añadió.

Para apaciguar las críticas, el gobierno provincial dispuso pautas para que los proyectos se construyan lejos de las casas y de las escuelas por el ruido y por las consecuencias de las turbinas para la salud, más estrictas que en Europa y en otras partes.

Pero ninguna de las medidas promueve el desarrollo del mayor recurso eólico de Ontario, las costas de las bahías de James y Hudson, bien al norte de la principal línea de transmisión. El plan no incluye la ampliación del tendido eléctrico hacia la tundra ventosa.

Además, los inversionistas tendrán que negociar con las poblaciones indígenas, que ahora tienen una gran influencia sobre lo que ocurre en la mitad norte de esta provincia.

Hornung es optimista pese a estos asuntos dudosos. “Todavía es el principio. Es un plan muy ambicioso. Apenas estamos en la etapa de lanzamiento”, señaló.

* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible