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Áreas protegidas en la mira del glifosato
Por Yadira Ferrer

La ministra colombiana de Ambiente deberá comparecer ante el Congreso de su país a fines de mes para explicar el uso del peligroso herbicida, usado para destruir cultivos ilícitos. Según datos oficiales, existen de 10 mil a 15 mil hectáreas de coca sembradas en los parques naturales en Colombia.

BOGOTA, (Tierramérica).- La fumigación con el herbicida glifosato de áreas de Colombia protegidas por su biodiversidad, en el marco de acciones conjuntas con Estados Unidos para erradicar el cultivo de drogas ilegales, es duramente criticada por su peligrosidad para el ambiente y las comunidades que habitan esos territorios.

El amplio espectro del glifosato lo hace especialmente muy inadecuado para su uso en áreas donde se busca preservar especies.

El Congreso de Estados Unidos aprobó en diciembre el uso de fondos para fumigar cultivos ilícitos en parques naturales (áreas protegidas) de Colombia, y a fines de febrero la Policía Nacional colombiana informó a los medios de comunicación sobre el inicio de las aspersiones con glifosato en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte, y Chiribiquete, al sudeste.

Esas regiones forman parte de las 49 áreas protegidas que suman 10 millones de hectáreas, casi 10 por ciento del territorio de Colombia, el segundo país en biodiversidad después de Brasil.

El gobierno colombiano dio vía libre al apoyo estadounidense para la fumigación en áreas protegidas al aprobar la resolución 0013 del Consejo Nacional de Estupefacientes, que fija la política para la erradicación de cultivos de drogas ilícitas, explicó a Tierramérica Ricardo Vargas, de Acción Andina, organización no gubernamental que investiga el narcotráfico en los países de la subregión.

En esa resolución se autorizó la aplicación en áreas protegidas del Programa de Erradicación de Cultivos con glifosato "teniendo en cuenta que existe evidencia de cultivos ilícitos al interior de esas zonas, lo que atenta contra su conservación y sostenimiento", dijo Vargas.

Las fumigaciones, en opinión del experto, son parte de la visión represiva que maneja el gobierno en su lucha contra el narcotráfico, con programas apoyados y financiados por Estados Unidos que no han sido exitosos.

Según Vargas, desde 1978 Colombia realiza acciones de fumigación aérea de cultivos ilícitos de marihuana, amapola y coca, en las que se han ensayado y utilizado varios productos químicos, como el paraquat en 1978, el triclopyr en 1985, el tebuthiuron en 1986, y de manera permanente el glifosato desde 1986.

Para el senador Jorge Robledo, del izquierdista Movimiento Obrero Independiente, la fumigación de parques naturales es un escalón más de la política agresiva de que ha sido objeto el territorio colombiano por parte de la política antidrogas de Estados Unidos.

Robledo citó a la ministra de Medio Ambiente, Sandra Suárez, para que informe el 30 de este mes a una comisión del Congreso sobre la posición del gobierno en el tema, y dijo a Tierramérica que "a ningún colombiano interesado en los temas ambientales, ni a ningún demócrata se le escapa la gravedad de una decisión de ese tipo".

En medio de la polémica, gobierno de Uribe anunció en febrero que solicitó a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) realizar una “evaluación independiente e imparcial” sobre el impacto en el ambiente y la salud humana de las fumigaciones con glifosato.

El objetivo del estudio de la CICAD, que depende de la Organización de Estados Americanos, será "dar respuestas sustentadas a la política de erradicación de cultivos ejecutada por Colombia", explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los cálculos del gobierno indican que hay de 10 mil a 15 mil hectáreas de coca sembradas en los parques naturales, que forman parte de más de 100 mil hectáreas de esos cultivos en todo el país. No hay cifras sobre marihuana y amapola.

Además de los nocivos efectos que tendría para la biodiversidad la fumigación con glifosato en áreas protegidas, está también el problema socioeconómico que afrontan cerca de 800 mil indígenas y campesinos que habitan esas zonas, apuntó Robledo.

"Son familias arrinconadas por la falta de opciones, que tienen que cultivar lo prohibido, soportando el riesgo de la ilegalidad, y se pretende fumigarlas como si fuesen insectos", señaló el congresista, quien destacó que las principales ganancias del narcotráfico se dan por la venta en países consumidores industrializados.

Según Robledo, la decisión de fumigar los parques naturales es además ilegal, ya que viola el Plan de Manejo Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, que prohíbe expresamente la realización de ese tipo de actividades en áreas protegidas.

La decisión viola también varios tratados internacionales, como el Convenio de Biodiversidad ratificado por Colombia en 1994, el Convenio 162 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege la integridad de los pueblos indígenas, y otros relacionados con la preservación de bosques y humedales, enumeró.

Para Camilo González, ex ministro de Salud y director de la organización no gubernamental (ONG) Indepaz, es cierto que el uso de químicos para procesar coca es extremadamente dañino para los ecosistemas, pero eso no puede aceptarse como argumento para presentar las fumigaciones como una medida de protección de los parques naturales. Indepaz y la ONG Mama Coca convocaron para el 24 de este mes a un foro en el que se prevé debatir con expertos la cuestión del uso de glifosato en áreas protegidas.

El glifosato ha estado en el centro de la polémica en los últimos años, porque es la sustancia activa del producto Roundup, de la transnacional Monsanto, que ha desarrollado especies vegetales transgénicas resistentes a ese herbicida para vender ambas cosas en gran escala.

* La autora es corresponsal de Tierramérica

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