Acentos
Campesinos reciben “cash” por destruir coca
Por Abraham Lama

El gobierno de Toledo paga 150 dólares por cada hectárea eliminada de la planta, materia prima de la cocaína. El programa de incentivos económicos está financiado por Estados Unidos.

LIMA, (Tierramérica).- El gobierno de Perú puso en marcha un programa de incentivos económicos, financiado por Estados Unidos, para los campesinos que abandonen voluntariamente los cultivos ilegales de coca, de los que dependen 400 mil familias.

"El gobierno de Alejandro Toledo está pagando a los campesinos por cada hectárea sembrada de coca que eliminen voluntariamente de sus tierras”, dijo a Tierramérica Pedro Morales, funcionario del Ministerio de Agricultura de Perú.

El programa se inició en forma piloto en la provincia Padre Abad, en el central departamento selvático de Ucayali, con el propósito de erradicar allí unas 900 hectáreas de plantaciones ilegales, sostuvo Augusto Lecussan, representante local de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DeVida).

Veinticinco familias indígenas de Padre Abad fueron las primeras en ingresar al Programa de Autoerradicación de Cultivos Ilícitos de Coca, y han comenzado a recibir el equivalente a 150 dólares en soles peruanos por cada hectárea de la que eliminen la coca, añadió Morales.

Otras 200 familias de las etnias huambisa y ashaninka se inscribieron en el programa y prometen dedicarse exclusivamente a la siembra de la palma de aceite, explicó Lecussan.

Las plantaciones de coca para fabricar cocaína constituyen un grave fenómeno delictivo, económico, social y ambiental para todos los países de la región andina de América del Sur.

Los cultivos ilícitos desplazan a los bosques, y para obtener cocaína pura (clorhidrato de cocaína), se establecen fábricas ilegales en plena selva, en las que las hojas de coca son tratadas con ácido sulfúrico, kerosén y ácido clorhídrico. Estas sustancias se filtran al suelo o se vierten en arroyos o ríos.

Además, la erradicación forzosa mediante la fumigación aérea con agentes defoliantes como el glifosato mata indiscriminadamente cultivos lícitos y bosques circundantes y daña la salud de la población afectada.

Las fuerzas de seguridad peruanas persiguen a narcotraficantes, fabricantes de cocaína y proveedores de insumos, pero no a los cultivadores.

En la erradicación de cultivos no intervienen policías ni soldados, para evitar conflictos en una zona selvática donde 400 mil familias subsisten directa o indirectamente de la coca y donde actúan grupos armados y células guerrilleras.

El gobierno ha intentado promover cultivos alternativos para los campesinos, a lo que suma ahora los pagos por eliminación voluntaria. Pero la grave caída de los precios agrícolas que padece Perú conspira contra ambas políticas.

Los programas de sustitución de cultivos han fracasado porque no pueden competir con la rentabilidad de la coca, señala el experto independiente Roger Rumrill.

Además, la nueva iniciativa es resistida por los campesinos migrantes, procedentes de la sierra. Algunas fuentes señalan que aunque los campesinos están interesados, temen la venganza de los narcotraficantes.

Al menos dos líderes campesinos fueron asesinados por apoyar públicamente el plan: Maximiliano Flores Infantes y Mateo Zamalloa fueron acribillados por sicarios del narcotráfico el 16 y el 22 de octubre respectivamente, según reportó la revista local Caretas.

A inicios de octubre el gobierno anunció que pretende erradicar siete mil hectáreas de coca este año, en cumplimiento de la primera parte de los compromisos contraídos con Estados Unidos para acceder a los beneficios de la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de Drogas (APTDEA).

Pero hasta ahora las autoridades no han dado a conocer un balance de las hectáreas destruidas en lo que va del año.

Perú fue hasta 1992 el primer productor mundial de coca, con más de 120 mil hectáreas sembradas, que se redujeron significativamente desde entonces, para llegar a 34 mil en 2000, cediendo el primer lugar a Bolivia.

Pero en coincidencia con la destitución del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) aminoró el ritmo de la campaña contra la coca y, según Estados Unidos, en 2001 sólo fueron erradicadas seis mil 400 hectáreas.

* El autor es corresponsal de IPS