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Grandes Plumas
Sustentabilidad ambiental en la encrucijada
Por Ricardo Sánchez y Enrique Provencio

América Latina necesita nuevas fuentes de riqueza y de empleo, pero el desarrollo sustentable exigirá cada vez más una expansión económica ambientalmente limpia, señalan en esta columna Ricardo Sánchez y Enrique Provencio.

PANAMÁ, sep (Tierramérica).- Desde 2003, América Latina y el Caribe han registrado un ciclo expansivo, con un desempeño económico positivo y mejores condiciones macroeconómicas, aunque no en todas las dimensiones del desarrollo sustentable.

Hoy, a mediados de 2008, la región se enfrenta a una perspectiva de desaceleración, a una posible recesión mundial y a presiones inflacionarias que ponen en riesgo los avances en la reducción de la pobreza y la mejoría de los indicadores sociales.

Como ha previsto la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), los precios elevados se sostendrán durante al menos 10 años, lo que constituye un serio riesgo para cumplir la primera Meta del Milenio, al menos en los países con mayores niveles de pobreza.

El Banco Mundial señala por su parte que en América Latina y el Caribe el incremento del precio de los alimentos provoca que “las personas pobres sean hoy más pobres” o que la brecha de pobreza se haya profundizado, con un impacto mayor para las zonas rurales en comparación con las urbanas.

Las causas de la actual situación alimentaria también se encuentran en la progresiva degradación de suelos, la agricultura excesivamente tecnificada y ecológicamente ineficiente, la vulnerabilidad al cambio climático, la cantidad y calidad del agua disponible para riego y los sistemas comerciales concentrados y desiguales.

En su componente ambiental, la región viene experimentando tensiones crecientes. El cambio en el panorama externo, asociado a la inestabilidad financiera y a los precios altísimos del petróleo, confluye en el alza de precios de los alimentos y en la oferta energética regional, pero también la urbanización y el aumento de la población derivan en tensiones ambientales.

Desde mediados de los años 90, ha habido un notable incremento en las exportaciones, y el crecimiento de la demanda de materias primas en el mundo ha incentivado una explotación intensiva de los recursos naturales.

Sin embargo, las explotaciones puntales, por ejemplo mineras, no son las únicas responsables de las presiones ambientales. Como ha señalado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), los impactos principales derivan de los cambios de uso del suelo, incentivados por la expansión de la frontera agropecuaria empujada por las exportaciones agroindustriales, sobre todo la soja, y el crecimiento de la ganadería.

La siembra de soja creció en más de 16 millones de hectáreas de 2000 a 2005 mientras las de maíz, trigo y arroz se encuentran estancadas.

Los logros conseguidos en la creación de ministerios de Ambiente y de instituciones de gestión e investigación en esta área y la aprobación de leyes, instrumentos de protección y aplicación de políticas, no inciden lo suficiente para frenar el deterioro ambiental.

Tampoco los esfuerzos por mejorar la eficiencia energética están dando los resultados deseables en la región, mientras casi todas las demás regiones ya registran cambios positivos.

La responsabilidad con el futuro regional implica un mayor compromiso con la protección de los ecosistemas, la eficiencia energética y opciones de biocombustibles compatibles con un uso sustentable del territorio y la protección de los recursos naturales, como ha sugerido la FAO.

Según esta agencia, en la presente década la región perdió poco más de 4,7 millones de hectáreas anuales de bosques contra 4,5 perdidas en la década anterior. Sesenta y cinco de cada 100 hectáreas de bosques que desaparecen en el mundo están en América Latina y el Caribe.

La región está ante un escenario de cambios con impactos diferenciados por países y subregiones que obliga a replantear diversas políticas, con posibles consecuencias adversas para el desarrollo sustentable, sobre todo tomando en cuenta los retos abiertos en esta etapa de negociaciones de acuerdos ambientales multilaterales.

No han sido suficientes los esfuerzos de creación de más áreas naturales protegidas, de ordenación del territorio y control de los procesos de cambios en el uso de la tierra. Las prácticas y los instrumentos ensayados tendrán que ser potenciados y hasta reformados.

La advertencia hecha en 2005 por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, de que la crisis ambiental puede potenciarse, exige respuestas que aún no están en el escenario de las políticas convencionales y que van más allá del limitado ámbito de las políticas ambientales específicas. Tienen relación con las interdependencias entre procesos socio-ambientales y requieren mayor integración y transversalidad de las medidas de ordenación y de usos del territorio.

Se impone también una mejor coordinación entre autoridades centrales, regionales y locales, con sistemas de seguimiento y una atención prioritaria sobre las zonas críticas por las amenazas en curso.

Se requiere aplicar medidas económicas que inhiban los daños a los recursos y al capital natural, además de las políticas de desarrollo sustentable, revalorar el papel de la acción ambiental como área de la economía. La región requiere de la generación de nuevas fuentes de riqueza, de exportaciones y de empleo para su desarrollo, sin embargo el desarrollo sustentable exigirá cada vez más una expansión económica ambientalmente limpia.

América Latina se manejó bien en la crisis actual de Estados Unidos y de otros países, porque aprendió la necesidad de tener una disciplina macroeconómica rigurosa. Ahora es necesario establecer las vías para manejar el capital natural con la misma disciplina. La biodiversidad de la región tiene numerosos ejemplos de productos que pueden garantizar la seguridad alimentaria de los países y también incluso convertirse en importantes rubros de exportación.

Las opciones de manejo agroecológico son convergentes con las estrategias de mitigación del cambio climático, al privilegiar la protección de los ecosistemas y evitar la deforestación: una alternativa que debería ser valorada en una perspectiva transversal agrícola, comercial y ambiental, como una oportunidad de desarrollo sustentable.

El costo de la inacción sería muy elevado, no solo en términos de daños ecológicos, sino también de equidad social

* Ricardo Sánchez es director para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Enrique Provencio es profesor universitario y ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal de México.

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