Con ilustración. Crédito: Fabricio Vanden Broeck

Análisis
Por qué protestan los indígenas de Colombia
Por Héctor Mondragón

Para el gobierno colombiano, ensimismado en encuestas que lo colocan en la cumbre de la popularidad, las manifestaciones indígenas no pueden ser sino obra de conspiraciones, afirma en esta columna el indigenista Héctor Mondragón.

BOGOTÁ, 27 oct (Tierramérica).- La Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular ha movilizado por dos semanas a los pueblos nativos en 17 departamentos de Colombia. Ocurren a la vez ceses de actividades de los trabajadores del azúcar, de los jueces y de otros empleados de entidades públicas.

Para un gobierno ensimismado en los datos de las encuestadoras, que lo colocan en la cumbre de la popularidad, las protestas no pueden ser sino obra de conspiraciones políticas, infiltraciones de la guerrilla o planes de desestabilización.

Sin embargo, el incremento de la inconformidad que demuestran la Minga, "trabajo colectivo por el bien común", y las huelgas que se van sumando para conformar un movimiento cada vez más continuo, son ante todo el resultado de hechos económicos, de leyes aprobadas y de políticas del gobierno, así este se empeñe en cerrar los ojos.

La lucha de los pueblos indígenas ha crecido desde 2004.

La Minga Indígena a la ciudad de Cali, de septiembre de 2004, la consulta popular que rechazó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en seis municipios del sudoccidental departamento del Cauca en 2005, y la liberación de la Madre Tierra en 20 haciendas caucanas entre septiembre y noviembre de ese año, contra el incumplimiento de la reparación integral por la masacre de 20 indígenas en El Nilo --cometida el 16 de diciembre de 1991-- fueron masivas movilizaciones que sacudieron las mentalidades.

También lo fue la cumbre contra el TLC en mayo de 2006, que paralizó el Cauca y su vecino Nariño durante cinco días y se expresó asimismo en marchas en los departamentos de Huila, Valle del Cauca, Tolima, Caldas y otros lugares. El 19 de agosto de este año en Popayán, capital del Cauca, la marcha en solidaridad con los lecheros afectados por medidas oficiales, fue una fiesta popular.

Aunque sus derechos fundamentales están reconocidos por la Constitución y convenios internacionales, los indígenas luchan porque en la práctica gubernamental se desconoce la obligación de consultarlos sobre la adopción de cualquier medida legislativa o administrativa que los afecte.

Así ocurrió con la ley forestal, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional después de varios meses de vigencia, por la ausencia de consulta a los indígenas y afrocolombianos.

Los TLC con Estados Unidos y Canadá son considerados por los pueblos indígenas como lesivos de sus derechos, pues permiten que árbitros internacionales diriman sus conflictos con empresas transnacionales, establecen normas de propiedad intelectual que amenazan la propiedad colectiva del saber y del patrimonio cultural y permiten patentar seres vivos.

Además, esos TLC estimulan las privatizaciones y congelan leyes que se han venido aprobando contra los indígenas, bajo la forma de una "estabilidad jurídica" que garantiza indemnizaciones a los inversionistas si esas normas son cambiadas.

La importación de alimentos, alentada por esos tratados, afecta a los indígenas como a los demás agricultores.

El gobierno ha presentado proyectos de ley y reformas a la Constitución para recortar o eliminar derechos de los indígenas.

El Estatuto Rural de 2007 es un ejemplo: en sus artículos contradice derechos consagrados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prohíbe que en la región del Pacífico y en la cuenca del río Atrato --noroccidente del país-- se constituyan o amplíen resguardos indígenas y que a los ya existentes se les devuelva, o sanee, el territorio perdido.

El Estatuto permite a los municipios y departamentos desconocer el territorio indígena mediante normas de ordenamiento territorial, y exige a los pueblos nómadas y horticultores itinerantes una ocupación "regular y permanente".

Otras leyes sobre minería o explotación de hidrocarburos y acueductos y varios proyectos sobre aguas o páramos son también lesivos. El gobierno llegó a proponer reformas constitucionales para eliminar la acción judicial de tutela, que permite proteger derechos colectivos, y para suprimir el carácter de entidad territorial autónoma que tienen todos los territorios indígenas.

El gobierno de Colombia fue el único de América Latina que no votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada el 13 de septiembre de 2007. Estados Unidos y Canadá votaron en contra.

Los indígenas protestan porque los TLC con estos dos países y las normas desfavorables les han sido impuestos en medio de una escalada de violencia, asesinatos y violaciones múltiples de sus derechos humanos.

La mayor cantidad de asesinatos de indígenas, desde que se tienen estadísticas, se registró durante el primer período de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006). Desde el 17 de septiembre hasta el 12 de octubre fueron asesinados en Colombia 15 nativos. Desde 2005, las movilizaciones son reprimidas a punta de fusil, con saldos de muertos y heridos a bala. Eso se ha repetido en este mes de octubre.

Los asesinatos que durante años han cometido paramilitares, guerrilleros y la fuerza pública, así como la represión armada de las movilizaciones, están ayudando al despojar a los indígenas de sus derechos.

La resistencia de 500 años permitió a los indígenas conservar un 20 por ciento de su territorio. Han apostado por la resistencia civil, porque entienden que el actual conflicto armado sirve para desplazar masivamente a la población y es el motor de un despojo no sólo de tierras, sino de derechos.

Así, la Minga de Resistencia de este octubre, de la cual ha hecho parte la gran marcha a Cali dirigida por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), fue preparada de cara al pueblo, en cientos de asambleas, audiencias y reuniones comunitarias. De allí su éxito.

* Economista e investigador del Centro de Cooperación al Indígena de Colombia. Derechos exclusivos Tierramérica.