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Activistas de todo el mundo debatieron en Cochabamba.
Crédito: Franz Chávez/IPS.
Reportajes
Los bosques no están para absorber carbono
Por Franz Chávez, enviado especial

Miles de activistas dejaron Bolivia con la consigna de combatir el uso de los bosques para absorber emisiones de carbono, tras fuertes debates y críticas al gobierno anfitrión.

COCHABAMBA, Bolivia, 26 abr (Tierramérica).- La iniciativa de emplear la conservación de bosques como forma de compensar las emisiones de gases invernadero recalentó el ambiente de la cumbre de los pueblos contra el cambio climático de Bolivia. Finalmente los participantes lograron consenso y la rechazaron.

La Reducción de Emisiones de Carbono Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) se instaló con fuerza entre las discrepancias de ambientalistas y activistas sociales con los países ricos interesados en pagar para mantener bosques de regiones tropicales como forma de compensar sus emisiones de carbono, el principal de los gases que recalientan la atmósfera.

La batalla verbal se oía desde lejos en la Mesa de Bosques que discutió el tema en la Conferencia Mundial de los Pueblos contra el Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra, que se realizó entre el 19 y el 22 de este mes en la central ciudad boliviana de Bolivia.

Al final, un cartel reflejó el rotundo “No a REDD”, como consigna de los pueblos indígenas que temen perder territorios o sufrir despojo de su espacio de vida ante esta propuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tom Goldtooth, nativo dakota y navajo y director de la Indigenous Environmental Network (Red Ambiental Indígena) de Estados Unidos, se ubicó como uno de los líderes de la protesta, con su imponente presencia, largo cabello trenzado y gesto adusto.

El activista pidió al presidente de Bolivia, Evo Morales, que “rechace categóricamente” y “cancele” mecanismos de la REDD, que comenzaron en Bolivia con el Proyecto de Acción Climática del Parque Nacional Noel Kempff, localizado en el oriental departamento de Santa Cruz.

En 1997, el gobierno de Bolivia, las empresas de energía American Electric Power, BP y PacifiCorp, The Nature Conservancy y la Fundación Amigos de la Naturaleza destinaron 1,6 millones de dólares para liberar unas 800.000 hectáreas sometidas a derechos madereros, con el fin de vender las compensaciones de carbono resultantes de la recuperación boscosa.

“El hecho de que el único país del mundo con un jefe de Estado indígena sea el anfitrión del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff, que se considera el ejemplo estrella, es aprovechado por los comerciantes de carbono para justificar y promover la REDD”, señala Goldtooth en una carta enviada el 9 de marzo a Morales, de la etnia aymara.

“No hemos tenido una respuesta aún”, dijo Goldtooth a Tierramérica, en una pausa en los debates realizados en Cochabamba.

“Nuestra red rechaza el proyecto porque no existe garantía de respeto de los territorios aborígenes y porque las comunidades pueden terminar rentando sus tierras y renunciando a su propiedad”, sostuvo.

“Si un pueblo indígena vende créditos de carbono a los mismos gobiernos y empresas multinacionales que están destruyendo el cielo y los ecosistemas de los que dependemos para sobrevivir, se convierte en cómplice de su propia destrucción”, indicó.

En la apertura de la conferencia, Morales declaró una abierta guerra al capitalismo, al que responsabiliza de la destrucción de la vida en el planeta.

Sin embargo, su gobierno acaba de acordar con la ONU el programa UN-REDD Bolivia, un plan de “fortalecimiento de capacidades institucionales”, que se ejecutará entre mayo de este año y abril de 2013, financiado con 4,4 millones de dólares por el foro mundial, con apoyo del Banco Mundial y la cooperación alemana.

“UN-REDD” está definido en el documento del proyecto como un “Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y degradación de bosques en países en vías de desarrollo”.

El viceministro boliviano de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, fue consultado en dos ocasiones por Tierramérica sobre ese convenio y sobre la preservación del Parque Noel Kempff, pero se excusó de responder por sus obligaciones en la organización de la conferencia.

Los alcances del último acuerdo señalan la cooperación para “incrementar la capacidad de las organizaciones nacionales gubernamentales”, con el fin de ingresar en otra fase denominada “REDD+”, y que comprende, además de la conservación de los bosques, la ampliación de su capacidad de absorber carbono.

“¿Quiénes van a ser dueños de los árboles? ¿Quiénes se beneficiarán? El tema ingresa en un debate sobre la propiedad privada”, entiende Goldtooth.

El coordinador del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra, el costarricense Isaac Rojas, señaló a Tierramérica que “hay una ideología capitalista detrás de la REDD”. “En toda América Latina se introducen proyectos de esta naturaleza y se convierten en ganchos para aprovecharse de la pobreza de las comunidades”, apuntó.

“El proyecto Noel Kempff ha sido criticado porque no cumple con la mitigación anunciada. En Colombia se violentaron los derechos humanos, y el único consenso de la Mesa de Bosques ha sido que los mecanismos de mitigación no deben ser mercantiles”, añadió.

La brasileña Camila Moreno, una de las responsables de la Mesa e integrante de Amigos de la Tierra-Brasil, calificó la REDD como el “caballo de Troya que anuncia una amenaza de acaparamiento de tierras y territorios” en los bosques habitados por pueblos indígenas.

“Es difícil creer que los mecanismos concebidos en organismos multilaterales, como el Banco Mundial, puedan beneficiar a los pueblos”, comentó.

Moreno estima que el proyecto de compensaciones fue ideado para permitir la entrada de organismos internacionales y vigilar la vida de las personas, y luego crear un mecanismo financiero de negociación de derechos con fines especulativos.

“La vida no se vende”, dijo. “Debemos luchar para rechazar este mecanismo y preservar lo sagrado de la selva”, remarcó.

La REDD, como instrumento de flexibilización, “aplica un criterio mercantil, pero no contribuye a disminuir las emisiones de dióxido de carbono en los países que los generan”, indicó a Tierramérica, a título personal, Rafael Rebolledo, del Instituto de Ingeniería del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela.

* Corresponsal de IPS

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