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Violencia contra activistas ambientales
Dorothy Stang, 73 años y nacionalizada brasileña, trabajó durante cuatro décadas en favor de los campesinos pobres de la Amazonía, en colaboración con la Comisión Pastoral de la Tierra. A fines de los años 90 comenzó a ser amenazada de muerte por parte de hacendados.

El sábado 12 fue ultimada de seis balazos, presuntamente disparados por dos sicarios. El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que movilizó el ejército a la zona para tratar de controlar la violencia agraria, comparó el caso con el de Chico Mendes, uno de los mártires ambientales más conocidos, asesinado en 1988.

Líderes ambientales alrededor del mundo, a menudo vinculados con la defensa de ecosistemas que son hogar de comunidades originarias pobres, son sistemáticamente amenazados, detenidos, torturados y asesinados, denuncian organizaciones no gubernamentales, ONG.

Las campañas específicas en favor de los defensores del ambiente tomaron impulso global a mediados de los años 90, tras el asesinato de Ken Saro Wiwa, poeta y activista de Nigeria quien movilizó a la comunidad originaria ogoni en una protesta pacífica contra la corporación petrolera Shell, por sus daños ambientales en el país africano.

Saro-Wiwa fue ahorcado en 1995 junto con otros ocho activistas ogoni por órdenes del entonces dictador nigeriano Sani Abacha.

El asesinato de Saro-Wiwa motivó a dos poderosas ONG de Estados Unidos, Amnistía Internacional y Sierra Club, a organizar una amplia campaña para llamar la atención en torno al vínculo entre derechos humanos y medio ambiente.

En octubre de 1995, ambos grupos y la ONG TransAfrica enviaron cartas, entre otros, a los entonces mandatarios Bill Clinton de Estados Unidos y John Major de Gran Bretaña, para alertarlos sobre la grave situación de deterioro de los derechos humanos en Nigeria.

Las dos organizaciones lanzaron más tarde, entre 1999 y 2202, otra campaña conjunta “Defendiendo a los defensores”, con el fin de presionar al gobierno de Estados Unidos para tomar acción en casos de violaciones a los derechos humanos de activistas verdes en el mundo.

En América Latina, hay pocos reportes minuciosos sobre el tema. Uno de los primeros esfuerzos de compilación fue realizado por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), con sede en Argentina.

En su informe El costo humano de defender el planeta, CEDHA da cuenta de numerosos casos, como el del dirigente laboral Oscar Olivera, premiado con el galardón ambiental Goldman por sus esfuerzos contra los planes de privatización del agua en Bolivia.

CEDHA también reporta sobre las protestas de los indígenas pehuenches contra la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en Chile, y la movilización contra la tala de bosques nativos en el departamento hondureño de Olancho, liderada por el sacerdote Andrés Tamayo.

Los activistas ambientales se encuentran en una situación particular de doble vulnerabilidad, dice CEDHA. La mayoría de los casos que defienden chocan no sólo contra los intereses del Estado, sino de poderosos grupos económicos en connivencia con el Estado, sostiene.

Los casos de los campesinos mexicanos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos por su oposición a la tala de los bosques, fueron incluidos en el reporte Diez casos urgentes de abusos a los derechos humanos, de Amnistía Internacional y Sierra Club.

El reporte también llamó la atención sobre los atropellos a los que ha sido sometido el pueblo kiwchua de la provincia amazónica de Pastaza, en Ecuador, que se opone a la explotación petrolera.

Expertos en derecho ambiental en el continente promueven una campaña para motivar a comunidades indígenas y activistas ambientales a presentar peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras el célebre caso Awas Tingni, que impuso jurisprudencia en 1988.

La comunidad indígena sumo de Nicaragua logró que la Comisión dictaminara como ilegal la tala de bosques en su hábitat, con lo que se estableció, por primera vez, la competencia de un tribunal de derechos humanos para acoger casos ambientales.

El pueblo inuit de tierras árticas enviará en las próximas semanas una petición a la Comisión, con la esperanza de que establezca que Estados Unidos, como mayor emisor de gases invernadero causantes del calentamiento global, es responsable por los daños ambientales que amenazan su sobrevivencia.

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